La Auditoría General de Gestión del Ministerio Público de la Acusación (MPA) investiga el accionar de los fiscales Roberto Olcese y Manuel Cecchini, quienes recibieron múltiples denuncias sobre el funcionamiento de un asilo clandestino en el barrio Nuevo Horizonte de la ciudad de Santa Fe y no tomaron medidas.
Las alertas formales se radicaron los días 22 de abril, 23 de abril y 15 de mayo en el Centro Territorial de Denuncias de calle Las Heras. Sin embargo, las actuaciones judiciales recién comenzaron el 29 de julio, luego de que uno de los residentes incendiara un colchón para pedir auxilio.

Las denuncias desoídas y el archivo de las actuaciones
La primera presentación fue realizada por Daniela R. D., hija de un hombre con enfermedad de Parkinson que fue derivado a la vivienda de calle Gollán al 10.100. La mujer expuso que la responsable del sitio, María Laura Milia, retenía la documentación personal y la tarjeta de débito de su padre para cobrarse la pensión.
A pesar de detallar que los adultos mayores sufrían hambre, falta de atención médica y abandono, la ampliación enviada al fiscal Olcese fue archivada. Semanas después, una nueva exposición que incluía capturas de WhatsApp y notas manuscritas ingresó a la casilla del fiscal Cecchini, sin generar medidas probatorias.
Redes de contención bajo la lupa y cartas de auxilio
Entre los elementos aportados a la Justicia constaba una carta escrita a mano por otro de los internos, donde rogaba ser rescatado y alertaba sobre la pérdida de su vista, agresiones físicas y la confiscación de sus haberes.

La denunciante también asentó que la derivación al hogar no habilitado se dio por sugerencia de la asistente social Noel G., del Hospital Protomédico, y que posteriormente recibió advertencias de Paola M., del área de Adultos Mayores municipal, para que cesara los reclamos de la tarjeta bancaria.
Actualmente, el establecimiento permanece clausurado y María Laura Milia se encuentra privada de la libertad acusada de abandonar a siete personas. En tanto, Olcese y Cecchini continúan al frente de la causa penal mientras se evalúa su desempeño administrativo e institucional.
Fuente: Rafaela Noticias







