Los suboficiales de policía Bernardo Agustín González (54) y Bruno Santiago Vignatti (36) fueron condenados por recibir dinero a cambio de confeccionar formularios de verificación vehicular de manera irregular en la Sección de Verificación Automotor de la Unidad Regional XI, en Esperanza (departamento Las Colonias).
Las condenas fueron impuestas por el juez Leandro Lazzarini en un juicio de procedimientos abreviados llevado a cabo en los tribunales de la ciudad de Santa Fe. La investigación estuvo a cargo del fiscal Ezequiel Hernández.
A cada uno de los involucrados se le impuso una pena de tres años de prisión de ejecución condicional e inhabilitación perpetua para ejercer la función de policía. Además, durante tres años tienen prohibido tener y portar armas de fuego, así como acercarse a menos de 200 metros o contactar a testigos e imputados en la causa. En términos económicos, González deberá abonar una multa de $11.520.000, mientras que Vignatti tendrá que pagar $8.000.000.
Maniobras con sellos y firmas
El fiscal Hernández precisó que los ilícitos se cometieron en la planta de verificación de Esperanza desde al menos enero de 2020 hasta septiembre pasado. Una gestora pagaba a los miembros de la fuerza para que confeccionaran, sellaran y firmaran formularios número 12 del Registro Nacional de la Propiedad del Automotor (RNPA), documento obligatorio para transferencias o inscripciones de unidades cero kilómetro.
Los policías actuaban sin seguir el trámite administrativo correspondiente y sin realizar la inspección presencial de los vehículos. Los formularios eran entregados completos o firmados en blanco. Los pagos se realizaban en efectivo en encuentros personales o mediante transferencias bancarias. Tanto González como Vignatti fueron condenados como autores del delito de cohecho pasivo.
Antecedentes y causa abierta
En el marco del mismo legajo penal, anteriormente fue condenado el subinspector Luis Rodrigo Ulerich (35) a tres años de prisión condicional, inhabilitación perpetua y una multa de $17.260.000. Asimismo, un cuarto agente de la fuerza permanece en prisión preventiva y una gestora fue imputada.
El fiscal remarcó que las condenas dictadas no obturan la posibilidad de investigar nuevas irregularidades vinculadas a estos funcionarios, tales como haber omitido denunciar si alguno de los automóviles verificados provenía de un ilícito o contaba con pedido de secuestro.
Fuente: Rafaela Noticias
