La legisladora de LLA, Patricia Bullrich, presentó este martes su declaración jurada patrimonial ante la Oficina Anticorrupción y el Senado, en una decisión que generó fuerte repercusión política por producirse en plena controversia alrededor de Manuel Adorni y las demoras en la presentación de su documentación patrimonial.
El movimiento fue interpretado en distintos sectores políticos como una señal de presión hacia el Jefe de Gabinete, sobre quien pesan cuestionamientos opositores vinculados a presuntas inconsistencias patrimoniales.
Recordemos que Bullrich, además, ya había reclamado públicamente mayor celeridad y transparencia por parte de los funcionarios nacionales.
Sin embargo, el Gobierno salió rápidamente a intentar desactivar cualquier lectura de interna o mensaje político detrás de la maniobra. Desde la Casa Rosada aseguraron que la presentación de Bullrich “no tiene relación” con la situación de Adorni y remarcaron que se trató de una decisión administrativa individual.
Funcionarios cercanos al presidente Javier Milei también buscaron transmitir tranquilidad respecto de la situación del vocero presidencial. Según señalaron, la declaración jurada de Adorni será presentada “en breve” y dentro de los plazos previstos, por lo que consideraron “sobredimensionada” la polémica instalada alrededor del tema.
En Balcarce 50 interpretan que la oposición intenta convertir una cuestión administrativa en un conflicto político de mayor escala y rechazan que exista un cortocircuito interno entre Bullrich y el entorno presidencial. De hecho, voceros oficiales insistieron en que la ministra mantiene una relación “excelente” con Milei y con el resto del gabinete.
Pese al intento oficial por bajar el tono, la decisión de Bullrich volvió a colocar el foco sobre los mecanismos de transparencia patrimonial del Gobierno y alimentó nuevas críticas opositoras, que reclaman mayor información pública sobre los bienes de los principales funcionarios nacionales.
