La disputa judicial por la expropiación de YPF sumó un nuevo capítulo favorable para la Argentina. La Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York rechazó el pedido presentado por Burford Capital para que el pleno del tribunal revisara la sentencia que, en marzo pasado, dejó sin efecto la condena millonaria contra el Estado argentino.
La decisión representa un nuevo revés para el fondo de financiamiento de litigios, que había impulsado la demanda por la expropiación de la petrolera realizada en 2012. Con este rechazo, las alternativas judiciales de Burford en Estados Unidos quedaron reducidas prácticamente a una eventual presentación ante la Corte Suprema estadounidense.
Desde el Gobierno celebraron la resolución y remarcaron que las posibilidades de que el fondo logre revertir el fallo son extremadamente bajas. El procurador del Tesoro, Sebastián Amerio, sostuvo que las chances de éxito son cercanas al 2%, en línea con las evaluaciones realizadas por especialistas que siguen el expediente.
El litigio había dado un giro decisivo en marzo de este año, cuando la Cámara de Apelaciones anuló la sentencia de primera instancia de la jueza Loretta Preska, que obligaba a la Argentina a pagar más de 16.000 millones de dólares por la nacionalización de YPF. El tribunal concluyó que los reclamos de los demandantes no prosperaban bajo la legislación argentina aplicable al caso.
Tras aquella derrota, Burford intentó que la totalidad de los jueces del Segundo Circuito revisara la decisión mediante un procedimiento excepcional conocido como “apelación en banc”. Sin embargo, el pedido fue rechazado, reforzando la validez del fallo favorable a la Argentina.
Ahora, el fondo británico dispone de un plazo para solicitar la intervención de la Corte Suprema de Estados Unidos, una instancia que admite solo una pequeña fracción de los casos que recibe cada año. Por ese motivo, tanto funcionarios argentinos como analistas consideran que las probabilidades de que prospere una revisión son muy reducidas.
En el Gobierno interpretan la decisión como un respaldo a la estrategia jurídica desplegada por la Procuración del Tesoro y como un paso más hacia el cierre de una de las demandas más costosas que enfrentó el Estado argentino en tribunales internacionales.
