El debate por las distancias de aplicación de fitosanitarios en el periurbano de Rafaela sumó una nueva voz. El ingeniero agrónomo Roberto Porta cuestionó los planteos de la agrupación ambientalista que propone ampliar progresivamente hasta los 1.000 metros la zona de resguardo y apuntó contra los argumentos utilizados para fundamentar esa iniciativa.
“Un ambientalista, por lo general hablan por hablar, porque todavía no se cobra impuesto para hablar estupideces”, expresó Porta en diálogo con Rafaela Noticias, al referirse a quienes impulsan mayores restricciones para las aplicaciones agrícolas.
El profesional centró parte de sus declaraciones en el uso del glifosato, al que consideró un producto “demonizado” en el debate público. Según sostuvo, los sistemas de producción cambiaron durante los últimos años a partir de los avances genéticos y tecnológicos, lo que, desde su perspectiva, permitió reducir determinadas aplicaciones de productos químicos.
“Hace más de dos años y pico que estamos dejando de usar insecticidas”, afirmó. Como explicación, señaló que algunas variedades de cultivos desarrollaron tolerancia o resistencia frente a determinados insectos y enfermedades, lo que permitiría evitar pulverizaciones.
Porta también relacionó esos cambios con una mayor presencia de aves en la ciudad. “Presten atención cuántos pájaros nuevos están viendo en Rafaela”, planteó, y vinculó esa percepción con una menor utilización de insecticidas.
“Nosotros no fumigamos, pulverizamos”
Otro de los puntos que abordó fue la diferencia entre fumigación y pulverización. Porta cuestionó el uso habitual de la palabra “fumigar” para describir las aplicaciones agrícolas y explicó que los equipos terrestres distribuyen una mezcla cuyo vehículo diluyente es el agua. Como ejemplo, mencionó las pulverizadoras autopropulsadas que trabajan con barrales de aproximadamente 38 metros y que, según detalló, pueden aplicar entre 70 y 75 litros de agua por hectárea. “Nosotros no fumigamos. Nosotros en el campo pulverizamos”, remarcó.
Al referirse específicamente al glifosato, el ingeniero sostuvo que el producto actúa sobre una enzima de las plantas y afirmó que se degrada en el suelo después de un período determinado. También utilizó un cálculo hipotético sobre la superficie agrícola argentina para dimensionar el volumen que podría aplicarse si se utilizaran dos litros por hectárea en 40 millones de hectáreas.
“Si sembramos solamente una sola vez al año las 40 millones de hectáreas y le aplicamos dos litros de glifosato por hectárea para barbecho químico, estamos tirando 80 millones de litros de glifosato en el suelo”, expresó.
A partir de ese razonamiento, concluyó que, de persistir el producto en las condiciones que cuestiona, deberían observarse consecuencias generalizadas. No obstante, el volumen aplicado a nivel nacional no permite, por sí solo, determinar el riesgo sanitario o ambiental: para ello deben considerarse las condiciones de uso, la exposición, el comportamiento del producto y la evidencia científica disponible.
Porta reconoció que los insecticidas plantean una situación diferente y los consideró más problemáticos. Aun así, insistió en que los cambios tecnológicos están modificando las prácticas agrícolas y anticipó que esa transformación continuará durante los próximos años.
Sus dudas sobre las tierras y un posible negocio inmobiliario
El ingeniero también cuestionó la propuesta de ampliar la distancia de resguardo y preguntó qué actividades podrían desarrollarse en la superficie que quedaría alcanzada por las restricciones. “¿Por qué 200 metros? ¿Y qué van a hacer con los 200 metros?”, planteó durante la entrevista.
Para ilustrar su argumento, realizó una estimación a partir de una ciudad de cinco kilómetros por cinco kilómetros y calculó una superficie de 400 hectáreas al considerar una franja de 200 metros. Luego preguntó qué destino productivo o comercial tendrían esas tierras.
Porta fue más allá y expresó una sospecha sobre los posibles intereses detrás de la iniciativa. “Es muy probable que por los 200 metros hagan desarrollos inmobiliarios. ¿Por qué? Porque a vos, para expropiarte tu terreno, te lo van a pagar al valor del avalúo fiscal del impuesto inmobiliario”, sostuvo.
Una discusión que debe resolver el Concejo
Las declaraciones se conocen mientras el Concejo Municipal de Rafaela analiza una nueva regulación para las aplicaciones de fitosanitarios en el periurbano. El debate se reactivó luego de que la Justicia cuestionara parcialmente la Ordenanza N.º 5.331 y ordenara avanzar en una nueva normativa.
En agosto, el cuerpo legislativo inició una ronda de exposiciones con especialistas, investigadores y referentes de distintos sectores para reunir fundamentos técnicos y científicos antes de definir los nuevos límites. La discusión incluye la distancia de protección, las condiciones de aplicación y otros aspectos vinculados con el control ambiental.
Fuente: Rafaela Noticias
