RAFAELA NOTICIAS en Tribunales. Verónica Daniela Crisman, de 40 años, fue imputada por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización. El juez Javier Bottero consideró que existe riesgo de entorpecimiento, pero tuvo en cuenta su situación familiar para disponer la prisión preventiva domiciliaria.
La audiencia imputativa y de medida cautelar se realizó este miércoles, con la intervención de la fiscal Cecilia Doro y el defensor Bruno Rossini. Crisman está acusada de haber tenido bajo su poder cocaína y marihuana en una vivienda de calle 62 al 200, en Frontera.
Según la acusación fiscal, durante un allanamiento realizado por la PDI en el inmueble se encontraron entre las prendas de vestir de la mujer un trozo compacto de cocaína de 1,6 gramos y 44 envoltorios con un peso total de 2,7 gramos. Además, en el interior de un mueble fue hallado un envoltorio con 1,1 gramos de marihuana.
Para la Fiscalía, la droga estaba destinada a la comercialización y la acusación fue encuadrada como tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, delito previsto en el artículo 5 inciso “c” de la Ley 23.737.
La discusión sobre la evidencia
Durante la audiencia, la defensa cuestionó principalmente la forma en que se inició la investigación. Rossini señaló que las tareas de campo habían sido realizadas durante períodos breves y sostuvo que el propio informe policial reconocía dificultades para identificar con precisión a las personas observadas.
También cuestionó que los vecinos que habrían aportado información sobre una presunta venta de drogas no estuvieran individualizados y puso reparos sobre una manifestación que Crisman habría realizado durante el procedimiento policial.
El defensor sostuvo que la mujer habría dicho espontáneamente que llevaba droga consigo, pero cuestionó que luego el personal policial le pidiera que repitiera lo que había manifestado sin haberle informado previamente sobre su derecho a guardar silencio.
El juez Bottero consideró que ese aspecto podía ser cuestionado, pero entendió que no afectaba las garantías constitucionales en esta instancia. Explicó que, aun si se quitara de la investigación esa manifestación, la droga habría sido encontrada igualmente durante la requisa.
La Fiscalía, a su turno, sostuvo que además de la droga fraccionada se secuestraron dinero en efectivo, recortes de nylon similares a los utilizados para los envoltorios y anotaciones que podrían aportar nuevos elementos a la investigación.
Sobre esas anotaciones, la defensa sostuvo que correspondían a la venta de “pastelitos” y cuestionó que fueran interpretadas como registros de transacciones de droga.
En este punto, el propio juez fue cauteloso y señaló que todavía no podía establecerse con certeza a quién correspondía un alias mencionado en las anotaciones ni vincularlo con una actividad delictiva. Por eso consideró necesario que la investigación continúe.
El juez descartó el riesgo de fuga, pero ordenó una preventiva
Bottero descartó el riesgo de fuga, pero consideró que existe un riesgo de entorpecimiento de la investigación.
El magistrado sostuvo que, ante la posibilidad de enfrentar una pena mínima de cuatro años de prisión, resulta razonable analizar la posibilidad de que una persona pueda intentar influir sobre testigos para evitar una eventual condena.
En particular, consideró relevante que vecinos hayan aportado información que permitió avanzar con la investigación y que Crisman podría intentar influir sobre esas personas.
Por ese motivo, Bottero entendió que las medidas alternativas propuestas por la defensa —entre ellas presentaciones periódicas y prohibiciones de contacto— no resultaban suficientes para neutralizar ese riesgo.
Sin embargo, el juez tuvo en cuenta la situación familiar de la imputada, especialmente que tiene un hijo de 12 años y que su situación requiere una consideración particular. Por eso dispuso la prisión preventiva por 60 días bajo modalidad domiciliaria, en lugar de ordenar su alojamiento en una unidad penitenciaria.
La medida tendrá vigencia mientras la Fiscalía avanza con la investigación y, especialmente, mientras profundiza el análisis de las anotaciones y los teléfonos celulares secuestrados durante el procedimiento.
Bottero aclaró además que la prisión domiciliaria sigue siendo una prisión preventiva y que su incumplimiento puede provocar que la Fiscalía solicite que la imputada pase a cumplir la medida en un establecimiento carcelario.
En otras palabras, Crisman no recuperó la libertad plena: deberá permanecer en el domicilio fijado y cumplir estrictamente las condiciones impuestas por la Justicia.
Fuente: Rafaela Noticias
