La investigación por el episodio ocurrido el 15 de octubre en Rafaela tuvo un avance importante con la audiencia en la que se resolvió la situación procesal de Eduardo Del Favero. El empleado del Poder Judicial quedó en prisión preventiva por 30 días, luego de que el juez José Luis Estévez considerara que existían elementos suficientes para sostener la imputación y riesgos procesales que justificaban la medida.
La Fiscalía lo acusa de haber participado en una maniobra en la que se habría simulado un procedimiento policial para ingresar a la vivienda de una mujer mayor y reclamar a sus familiares el pago de una supuesta deuda. La exigencia habría incluido la firma de documentos por obligaciones patrimoniales de 30.000 y 35.000 dólares.
La defensa rechazó la calificación de extorsión, sostuvo que se trataba de un conflicto comercial y pidió la libertad del acusado. Sin embargo, el magistrado coincidió con la hipótesis fiscal y consideró que la intimidación habría sido el mecanismo utilizado para intentar obtener las firmas.
Una supuesta requisa para exigir el pago de una deuda
Según la reconstrucción presentada por la fiscal Fabiana Bertero, el episodio ocurrió alrededor de las 19.15 del 15 de octubre. La denunciante se encontraba en su vivienda cuando atendió el timbre y observó a dos personas vestidas de azul que interpretó como policías. Una de ellas llevaba una carpeta y le habría manifestado que existía una orden para revisar el domicilio. También preguntó si allí vivía su hija.
En ese contexto apareció Eduardo Del Favero, a quien la mujer conocía desde hacía varios años por su relación con su hija y su yerno. De acuerdo con la acusación, los supuestos policías se retiraron y el empleado judicial ingresó a la vivienda para hablar con los familiares.
La Fiscalía sostuvo que el imputado les habría dicho que su hija y su yerno estaban involucrados en denuncias, que podían enfrentar varios años de prisión y que existía una posibilidad de evitar esa situación si los padres asumían las supuestas deudas mediante la firma de documentos.
La acusación encuadró el hecho como extorsión en grado de tentativa, en calidad de autor. Según la fiscal, la simulación de un procedimiento policial y las referencias a posibles consecuencias penales habrían sido utilizadas para generar temor y conseguir que los familiares firmaran los documentos. La maniobra no se habría concretado porque se negaron a hacerlo.
Entre las evidencias expuestas durante la audiencia se mencionaron las declaraciones de la denunciante, su esposo y otros familiares, además de registros de cámaras de seguridad de viviendas cercanas y filmaciones que permitieron reconstruir los movimientos de las personas que habrían intervenido.
La Fiscalía también informó que una de las personas que habría simulado ser policía fue identificada como Emanuel Ávila, un funcionario policial que se desempeñaba en Tribunales de Rafaela. La otra persona todavía no había sido identificada.
Los argumentos para pedir la prisión preventiva
Bertero solicitó la prisión preventiva al considerar que existían riesgos de fuga y de entorpecimiento de la investigación. Entre otros puntos, señaló que todavía debían identificarse a todos los involucrados y secuestrarse un teléfono que habría sido utilizado durante el episodio.
La fiscal sostuvo que el imputado, por su conocimiento del funcionamiento judicial y sus contactos, podía influir sobre testigos o interferir en la investigación. También hizo referencia al temor que habrían manifestado algunas personas por posibles vínculos del acusado con terceros.
La querella, representada por el abogado Carlos Farías Demaldé, acompañó el pedido de prisión preventiva. Consideró que el caso tenía gravedad institucional porque, según su planteo, se habría utilizado el conocimiento y los contactos dentro del Poder Judicial para llevar adelante el hecho.
El abogado destacó la presunta intervención de personas que habrían simulado un procedimiento policial y sostuvo que las medidas alternativas no resultarían suficientes para neutralizar los riesgos procesales.
La defensa negó la extorsión y propuso una caución de 30 millones
El defensor Federico Scarinci cuestionó la calificación legal propuesta por la Fiscalía. Sostuvo que no se trataba de una extorsión y que, en todo caso, el hecho podría encuadrarse como una estafa en grado de tentativa.
Solicitó la libertad de Eduardo Del Favero y propuso como medidas alternativas la prohibición de ingresar a Rafaela y una caución de 30 millones de pesos.
Durante su exposición, discutió la interpretación de las filmaciones y cuestionó que se utilizaran argumentos genéricos para sostener los riesgos procesales. También planteó que el caso debía analizarse en el contexto de una relación comercial previa entre su defendido y el yerno de la denunciante.
El defensor sostuvo que existía una controversia económica vinculada con un emprendimiento de videojuegos y criptomonedas. Además, cuestionó que se descartara la hipótesis de una deuda y afirmó que la versión de su defendido debía ser considerada bajo el principio de inocencia.
El descargo del imputado y la versión del supuesto deudor
Al declarar ante el juez, Eduardo Del Favero sostuvo que el conflicto se originó en una relación comercial con el yerno de la denunciante, vinculada con un proyecto de videojuegos y criptoactivos.
Según su versión, habría aportado dinero y equipamiento para el emprendimiento y luego reclamado la devolución de parte del capital. También mencionó la entrega de un automóvil y otras operaciones que, de acuerdo con su relato, no habrían sido cumplidas.
El imputado negó haber amenazado a los padres de su conocido y sostuvo que había concurrido a la vivienda para hablar sobre la situación económica. Afirmó que no existió una extorsión, sino un reclamo por una deuda que consideraba pendiente.
El yerno de la denunciante, señalado por Del Favero como supuesto deudor, también brindó su versión durante la audiencia. Reconoció que existió un proyecto de videojuegos y criptomonedas, pero negó que el imputado hubiera participado o invertido en él.
Explicó que el emprendimiento había recaudado unos 800 BNB, que al valor de entonces representaban aproximadamente 260.000 dólares. Dijo que alrededor de 20 personas habían invertido montos que no superaban los 3.000 dólares por persona y que se habían firmado contratos privados que contemplaban el riesgo de pérdida. También aseguró que los empleados que trabajaron en el desarrollo fueron indemnizados legalmente.
El hombre rechazó que se lo presentara como alguien que vivía de estafar a otras personas. Como parte de su explicación, relató que había sido contratado como perito en una causa por una estafa de 300.000 dólares a una empresa local y que, según su versión, colaboró para recuperar ese dinero. Dijo que por ese trabajo cobró honorarios documentados mediante contrato y transferencias. También mencionó otro trabajo profesional en Buenos Aires.
Sobre el conflicto con Del Favero, sostuvo que lo consideraba un amigo, pero que la relación se deterioró por un reclamo de 20.000 dólares que el imputado le habría realizado por una supuesta intervención en aquella causa judicial. Según su relato, Del Favero le habría dicho que había movido una carpeta dentro de Tribunales y que por esa gestión pretendía cobrarle esa suma.
El hombre afirmó que nunca solicitó esa intervención, que su cliente tampoco la había pedido y que no reconocía la deuda. Sostuvo que, si el imputado consideraba que tenía un reclamo legítimo, debía recurrir a los canales judiciales correspondientes.
El juez descartó la hipótesis de una simple estafa
Al fundamentar su resolución, el juez José Luis Estévez consideró que las declaraciones de las víctimas y las filmaciones exhibidas durante la audiencia aportaban evidencia suficiente, en esta etapa, sobre la participación de personas con distintivos policiales.
El magistrado señaló que la controversia principal no estaba centrada en la existencia del episodio, sino en la participación de funcionarios policiales y en la interpretación de la conducta atribuida al imputado.
En relación con la calificación legal, coincidió con la Fiscalía en que la diferencia entre estafa y extorsión radica en la modalidad de la conducta. Mientras que la estafa procura generar un error mediante un engaño, la extorsión se basa en la intimidación.
Según el juez, la simulación de una orden de allanamiento y las referencias a una posible condena de prisión habrían sido utilizadas para generar temor en los familiares y lograr que firmaran documentos de reconocimiento de deuda.
Estévez también señaló que, hasta ese momento, no se había acreditado la existencia de una deuda y que, aun si existiera una controversia comercial, no correspondía exigirles el pago a los padres del supuesto deudor.
El magistrado remarcó que el principio de inocencia continuaba vigente y que la audiencia no implicaba una condena. Sin embargo, consideró que la modalidad del hecho investigado y la posible intervención de funcionarios públicos podían incidir en la expectativa de una eventual pena de cumplimiento efectivo.
Al analizar los riesgos procesales, mencionó que todavía faltaba identificar a una de las personas que habría participado y que la investigación debía continuar. En ese marco, dispuso que Eduardo Del Favero permanezca en prisión preventiva durante 30 días.
Fuente: Rafaela Noticias
