Tras el secuestro de más de 300 kilos de cocaína ocultos en dos camiones cisterna, la Justicia Federal de Rafaela formalizó la investigación penal e imputó a los tres involucrados, ordenando su prisión preventiva por el término de 120 días.
Tal como informó Rafaela Noticias anticipadamente, el procedimiento principal se llevó a cabo durante la madrugada del viernes sobre la Ruta Nacional 34, a la altura del kilómetro 210, en jurisdicción de Rafaela. En el lugar, efectivos del Escuadrón Seguridad Vial «Rafaela» de Gendarmería Nacional interceptaron la marcha de dos transportes de combustible. Al realizar la inspección de las unidades, los gendarmes detectaron cargamentos de estupefacientes escondidos en mochilas, tanto en las cabinas como dentro de los tanques cisterna.
En el primer vehículo, conducido por S. S. R., se hallaron 10 mochilas con 228 paquetes (239 kilos de cocaína). En el segundo camión, ocupado por J. C. R. C. y F. S. A., se detectaron 6 mochilas con 142 paquetes (149,5 kilos). En total, la incautación alcanzó los 388,5 kilogramos de cocaína, distribuidos en 370 paquetes, con una valuación oficial estimada en 8.664 millones de pesos.
La audiencia e imputación formal
Durante la jornada del domingo, bajo la intervención de la Sede Fiscal Descentralizada de Rafaela —a cargo del fiscal coadyuvante Federico Grimm— y con la participación especializada de la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR NEA), se celebró la audiencia de formalización de la investigación.
A los tres acusados, todos de nacionalidad boliviana, se los imputó por el delito de transporte de estupefacientes, en la modalidad de tráfico agravado por la intervención organizada de tres o más personas (artículos 5° inc. c y 11° inc. c de la Ley 23.737). La hipótesis de la fiscalía sostiene que los imputados formarían parte de una organización criminal de escala internacional dedicada al tráfico transfronterizo de drogas.
Durante el acto procesal se dio intervención formal al Consulado de Bolivia para velar por las garantías de los extranjeros, quienes contaron con la asistencia de la Defensa Pública Oficial.
A pedido de la representación fiscal, el juez Santiago Saux hizo lugar a la medida cautelar y ordenó la prisión preventiva por 120 días para los tres involucrados. Asimismo, el magistrado proveyó de conformidad la totalidad de las medidas de prueba de índole jurisdiccional solicitadas por la Fiscalía —incluyendo el peritaje de los teléfonos celulares secuestrados, análisis químicos y trazabilidad de los vehículos— para avanzar en el desmantelamiento de la estructura criminal superior detrás del cargamento.
