Un policía que se desempeñaba en los Tribunales de Santa Fe quedó en prisión preventiva tras ser acusado de abusar sexualmente de siete de sus sobrinos durante casi veinte años, tras aplicarse la Ley Piazza contra la prescripción.
La medida cautelar fue dispuesta por el juez Nicolás Falkenberg, quien aceptó el pedido formulado por los fiscales Vivian Galeano y Ezequiel Hernández. La investigación involucra como víctimas a cuatro varones y tres mujeres, todos hermanos entre sí y actualmente mayores de edad.
Los hechos habrían ocurrido desde mediados de la década de 1990 hasta el año 2014. Durante ese período de casi dos décadas, los niños quedaban bajo el cuidado de su tío en diferentes ámbitos familiares de la ciudad de Santa Fe.
El rol institucional del acusado
Al momento de ser detenido, el implicado trabajaba como agente policial asignado a los tribunales santafesinos. Esta condición laboral dentro del sistema judicial fue uno de los argumentos centrales de la Fiscalía para solicitar la prisión preventiva.
La fiscal Galeano advirtió en la audiencia que, debido a sus funciones, el hombre podría haber tenido contacto directo con niños, niñas y adolescentes en instancias delicadas del proceso judicial, como las entrevistas en Cámara Gesell.
La causa comenzó a partir de la denuncia de una de las sobrinas. Posteriormente, siete de los ocho hermanos del mismo grupo familiar coincidieron en relatar que sufrieron distintos tipos de agresiones sexuales durante su niñez.
Calificación legal y vigencia de la causa
Según los investigadores, el imputado no recurría a la violencia física, sino a estrategias de manipulación y captación aprovechando la confianza familiar y la situación de vulnerabilidad de las víctimas.
Aunque la defensa solicitó la prescripción de los delitos por el tiempo transcurrido, el magistrado resolvió la continuidad del proceso bajo el amparo de la Ley Piazza, que suspende los plazos de prescripción hasta que las víctimas alcanzan la mayoría de edad.
Al policía se le imputan los delitos de abuso sexual con acceso carnal, abuso sexual gravemente ultrajante agravado, abuso sexual simple agravado y promoción de la corrupción de menores agravada. Actualmente se analiza el material secuestrado en los allanamientos.
