El Poder Ejecutivo nacional analiza incorporar modificaciones clave a la Ley de Emergencia en Discapacidad y a la Ley de Financiamiento Universitario dentro del proyecto de Presupuesto 2027, que ingresará al Congreso antes del 15 de septiembre. La estrategia apunta a contener el impacto financiero de ambas normativas, las cuales ya le significaron al oficialismo duros frentes de conflicto legislativo y judicial.
El antecedente y el cambio de estrategia
En diciembre de 2025, el oficialismo intentó derogar estas regulaciones mediante un capítulo específico del Presupuesto 2026. Aunque la ley se aprobó en general, la oposición logró rechazar ese tramo durante la votación en particular.
Para evitar un escenario similar, la mesa política de Balcarce 50 busca coordinar acuerdos previos con gobernadores aliados antes de septiembre. El objetivo es alinear voluntades en torno a un paquete que incluya también la reforma electoral (con la suspensión o eliminación de las PASO) y garantice gobernabilidad fiscal hasta marzo de 2027.
Los dos frentes bajo la lupa
La decisión de avanzar dentro de la ley de leyes responde a la necesidad de encuadrar el gasto público en una única programación financiera:
Universidades nacionales: El frente universitario se encuentra fuertemente judicializado. Recientemente, la Corte Suprema dejó firme una medida cautelar que obliga al Estado a cumplir con la actualización salarial docente y la recomposición de becas. Desde la Casa Rosada aclaran que se trata de un «costo parcial» y argumentan que cualquier aumento debe discutirse dentro del cálculo general de recursos, evitando partidas extraordinarias sin financiamiento explícito.
Sistema de discapacidad: En este sector, el plan oficial prevé intensificar las auditorías, avanzar con el reempadronamiento y revisar las incompatibilidades en las pensiones no contributivas por invalidez laboral para acotar el gasto y eficientizar los controles.
De acuerdo con el avance de gestión a mayo de 2026, el Gobierno consolidó un superávit financiero de 2,6 billones de pesos. No obstante, las transferencias a universidades (que ya demandaron 1,95 billones de pesos) y las prestaciones de seguridad social siguen siendo los componentes con mayor incidencia sobre el gasto primario, lo que apura la necesidad de fijar límites claros en el nuevo ejercicio presupuestario.
