El Gobierno de la Provincia de Santa Fe, a través del Ministerio de Justicia y Seguridad y junto a fiscales del Ministerio Público de la Acusación (MPA), supervisó este viernes la demolición de un punto de venta de drogas ubicado en Richieri 2165, en la ciudad de Pérez, departamento Rosario. Con este procedimiento, la quinta intervención en dicha localidad, ya suman 102 inmuebles inactivados en el departamento Rosario y 150 en todo el territorio provincial.
Las acciones se desplegaron en el marco de la Ley de Microtráfico, normativa impulsada por el gobernador Maximiliano Pullaro e implementada a comienzos de 2024. El marco legal articula el trabajo entre el Ejecutivo provincial, el MPA, la Justicia santafesina, la Policía local, fuerzas federales y gobiernos locales para inactivar puntos de venta y frenar la violencia altamente lesiva.
Un plan sistemático contra el narcomenudeo
Durante la supervisión, el coordinador operativo y director general de Policía (R), Claudio Romano, remarcó la continuidad del programa: “Estamos orgullosos y convencidos del trabajo que realizamos. Los derribos se llevan adelante casi a diario. Nunca antes se habían inactivado tantos búnkeres en tan poco tiempo”.
El funcionario señaló además que la presencia de las fuerzas en los barrios busca responder a la demanda vecinal. “La Policía de la Provincia intervino en muchos sectores donde las personas son víctimas de la venta de drogas. La gente se pone muy contenta cuando llegamos para realizar los derribos y nos pide que sigamos trabajando”, afirmó Romano.
La investigación judicial y los hallazgos en el lugar
Por su parte, el fiscal Matías Ocariz explicó que las actuaciones surgieron a raíz de procedimientos previos del Comando Radioeléctrico. “Había incidencias que daban cuenta de la venta de estupefacientes en este inmueble y del derrame de violencia altamente lesiva que provoca esta actividad”, indicó.
En la requisa del sitio, las autoridades secuestraron cerca de 400 envoltorios que contenían 82 gramos de cocaína. Asimismo, procedieron a la detención de un hombre mayor de edad, mientras que dos adolescentes de 17 años quedaron puestas a disposición del Régimen Penal Juvenil.
Cese de actividad y demolición del inmueble
Ocariz detalló que la Fiscalía solicitó el cese de la actividad del inmueble, medida otorgada por el juez interviniente que habilitó la posterior demolición del lugar. “El comercio de estupefacientes afecta la salud pública, pero también genera intranquilidad en los barrios y hechos de violencia alrededor de estos lugares”, sostuvo.
Para finalizar, el fiscal destacó el objetivo de las medidas implementadas: “Desmantelar estos espacios devuelve tranquilidad a los vecinos, que pueden volver a salir a la calle. Ese es uno de los objetivos priorizados del Ministerio Público de la Acusación”.
Fuente: Prensa Gob. de Santa Fe
Fuente: Rafaela Noticias
