Durante su alegato en el juicio por las maniobras atribuidas al Grupo Spaggiari, Gustavo Gabriel Abraham centró su exposición en cuestionar la teoría de la acusación y, particularmente, la existencia de un engaño propio del delito de estafa.
Uno de los primeros puntos que destacó fue la trayectoria del grupo empresario. Señaló que desde 1983 desarrolló actividades en Rafaela y que durante décadas tuvo un funcionamiento comercial que, según sostuvo, le permitió construir un nombre y una reputación.
En ese sentido, cuestionó que se presentara al Grupo Spaggiari como una estructura ficticia creada exclusivamente para captar dinero. La defensa remarcó que existían empresas, inmuebles, maquinarias, rodados y actividades productivas, entre ellas desarrollos inmobiliarios y una fábrica de ladrillos.
Abraham cuestionó la comparación con un esquema Ponzi
Uno de los principales ejes del alegato fue la comparación realizada durante el juicio con los denominados esquemas Ponzi.
Abraham sostuvo que un esquema de esas características es esencialmente financiero, mientras que el Grupo Spaggiari desarrollaba negocios inmobiliarios y productivos. Por eso consideró que no correspondía aplicar esa lógica al caso.
«Esto es netamente constructivo: desarrollos inmobiliarios, fabricación de bienes, pero fundamentalmente construcción y desarrollo inmobiliario», planteó.
También señaló que muchos inversores permanecieron durante años vinculados al grupo y obtuvieron ganancias. Según la defensa, algunas personas reinvirtieron sus fondos y otras recibieron intereses durante períodos prolongados.
Para reforzar ese argumento, sostuvo que no existió una estructura en la que se captaba dinero durante un corto período, se pagaba a inversores anteriores con fondos de nuevos inversores y luego se desaparecía con el dinero.
La defensa también cuestionó cuál habría sido concretamente el engaño utilizado para configurar una estafa.
«¿Cuál es el engaño de la estafa?», planteó Abraham, al remarcar que los contratos no fueron desconocidos por sus defendidos y que tampoco se negó que el grupo hubiera recibido dinero de los inversores.
Los tres factores que, según la defensa, provocaron el derrumbe
Para explicar el deterioro de la situación económica del grupo, Abraham enumeró tres factores principales.
El primero fue la pandemia. Señaló que se trató de una situación extraordinaria que afectó fuertemente a la actividad económica y particularmente al sector de la construcción.
El segundo fue la situación económica y la inflación. La defensa sostuvo que el fuerte incremento de los costos vinculados al hierro, la arena, el cemento y otros materiales hizo que resultara imposible realizar previsiones financieras como las que existían al momento de iniciar los proyectos.
El tercero fue el asesoramiento contable y jurídico. En este punto cuestionó las decisiones adoptadas por los profesionales que asesoraban al grupo y sostuvo que las recomendaciones recibidas incidieron en el devenir de la empresa.
La defensa también destacó que, antes del derrumbe definitivo, el grupo había intentado negociar con bancos, proveedores y clientes para continuar con su actividad.
Según su planteo, esa conducta resultaría incompatible con la existencia de una decisión previa de abandonar la empresa y quedarse con el dinero de los inversores.
«Los hermanos Spaggiari querían continuar con su empresa y querían cerrar el círculo», sostuvo Abraham.
Pedido de absolución y planteo subsidiario
Otro de los puntos centrales fue la discusión sobre la naturaleza jurídica de los contratos celebrados con los inversores.
La defensa sostuvo que durante el juicio se habló reiteradamente de contratos de mutuo, pero consideró que esa caracterización no resultaba adecuada y que debían analizarse las particularidades de cada acuerdo.
En esa línea, afirmó que recibir dinero de los inversores no implica por sí mismo la existencia de una estafa.
Abraham planteó que, aun si el tribunal entendiera que existió algún tipo de irregularidad en la administración de los fondos, el hecho podría eventualmente encuadrarse como administración fraudulenta, pero no como estafa.
Por eso, el pedido principal fue la absolución de todos sus defendidos. Como planteo subsidiario, solicitó una modificación de la calificación legal.
En el cierre, la defensa volvió sobre su principal argumento: sostuvo que no existió una empresa fantasma ni un mecanismo destinado desde su origen a engañar a los inversores, sino una actividad empresarial que atravesó una crisis y terminó colapsando.
«Nadie, no tuvieron nunca jamás la intención de estafar a nadie», afirmó Abraham al concluir su exposición.
Fuente: Rafaela Noticias
