RAFAELA NOTICIAS en Tribunales. Tras tres años de trabajo e investigación, el proceso judicial por el denominado Caso Spagiari llegó finalmente a la instancia de juicio oral. En una entrevista concedida a Rafaela Noticias, los abogados representantes de los querellantes —la Dra. Carolina Miño y el Dr. Fabio Maier (de Santa Fe), junto al Dr. Juan Manuel Chiapero de Sunchales— repasaron los inicios de la causa y el calvario que debieron atravesar las víctimas para lograr ser escuchadas.
Las denuncias originales comenzaron en el año 2022 en Santa Fe Capital, a través del centro territorial de denuncias con damnificados como Marcela Celarayán y Ángel Ponce. Sin embargo, en dicha jurisdicción se encontraron con una férrea resistencia: fiscales que desconocían tener la causa en sus escritorios y que pretendían archivarlas bajo el argumento de no ver incumplimientos. Ante esta situación, el Dr. Mayer sostuvo firmemente que no se trataba de un simple incumplimiento comercial, sino de una estafa deliberada.
El giro procesal se produjo al trasladar los reclamos a Rafaela, donde fueron recibidos por el fiscal Dr. Loyola. Tras interiorizarse en el planteamiento de un esquema Ponzi, el fiscal comprendió la magnitud de la maniobra y comenzó a convocar a las víctimas, permitiendo que hoy, después de tres años, el caso esté a las puertas del debate oral.
Más de 500 víctimas y un «esquema Ponzi» al margen de la ley
Los letrados calificaron el hecho como una «estafa fabulosa», ubicándola como una de las mayores de la provincia de Santa Fe después del antecedente de Bolsa Fe. La causa involucra a más de 500 víctimas con múltiples convenios afectados y montos que ascienden a varios millones de dólares.
Lejos de tratarse de una fluctuación económica o de un mero contratiempo empresarial —argumento esgrimido por los hermanos Spagiari para justificar el supuesto fracaso de emprendimientos inmobiliarios—, los querellantes sostuvieron que se configuró una asociación ilícita y un clásico esquema Ponzi.
Según explicaron, operaban al margen de la Ley de Entidades Financieras captando los ahorros de particulares mediante la promesa de tasas de interés más elevadas que el mercado formal. No obstante, la plata captada se manejaba por cuerdas separadas con una contabilidad ficticia, sin realizar las inversiones inmobiliarias prometidas, utilizando los fondos de los nuevos ingresantes para pagar a los anteriores hasta el colapso inevitable del sistema.
Ahorros de toda la vida y el drama del sostenimiento económico
Detrás de los números hay historias de pérdida total: indemnizaciones por accidentes laborales, herencias familiares y la venta de bienes inmuebles —como el caso de la señora Celarayán, quien invirtió la indemnización de su difunto marido en dos cabañas que luego vendió confiando en los captadores del grupo Spagiari—.
Uno de los puntos más críticos señalados por los abogados es el recupero del dinero, calificado como «la pregunta del millón». Hasta el momento se desconoce el paradero exacto de los fondos, sospechándose maniobras de desvío hacia paraísos fiscales. Por otro lado, si bien existe un proceso de quiebra, los montos iniciales eran ínfimos y muchos damnificados no pudieron verificar sus créditos a tiempo debido a los propios costos procesales que demanda el camino judicial.
Este desgaste económico también afectó a la estructura legal: de 28 profesionales que comenzaron representando a los damnificados, hoy solo quedan entre 7 y 8 querellantes activos, ya que ni los clientes ni los propios estudios pueden sostener económicamente una estructura de litigio tan prolongada en el tiempo.
Pese a las dificultades para recuperar el dinero, los querellantes remarcaron que el objetivo principal de las víctimas es el esclarecimiento total de los hechos, la condena efectiva y que los responsables cumplan con prisión, evitando dilaciones procesales en esta nueva etapa del juicio oral.
Fuente: Rafaela Noticias
