El gobierno del mandatario demócrata Joe Biden catalogó diez días atrás a Velázquez de «significativamente corrupto» por intentar, presuntamente, sobornar a un funcionario público y entorpecer una investigación contra él.
Velázquez respondió inicialmente anunciando que renunciaría, pero días más tarde descartó hacerlo alegando que no tenía constancia de que la Fiscalía hubiese abierto causa alguna.
Por orden de la fiscal general, Sandra Quiñónez, el Ministerio Público confirmó en un comunicado la «apertura de una causa penal» por los señalamientos de Estados Unidos, en los que se exponen «hechos que pudieran ser de relevancia penal», informó la agencia de noticias Europa Press y medios locales.
De las pesquisas se encargará la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción de la Fiscalía.
En paralelo, la ministra Asesora de Asuntos de Seguridad de la Presidencia, Cecilia Pérez, confirmó la visita oficial. a partir de mañana, del subsecretario adjunto para Brasil y el Cono Sur y Asuntos Andinos de Estados Unidos, Mark A. Wells, informaron el diario ABC Color.
Dicha Subsecretaría depende de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado estadounidense.
Por su parte, el senador paraguayo Jorge Querey también informó a medios locales que la visita de Wells a Paraguay se concretará este miércoles y que mantendrá algunas reuniones con congresistas y miembros del Ejecutivo nacional.
Si bien la Embajada de los Estados Unidos no emitió ningún comunicado oficial al respecto, Querey confirmó las invitaciones a Última Hora.
El senador indicó que la reunión tendrá lugar en el edificio de Usaid Paraguay.
El ministro del Interior, Federico González, también confirmó en Monumental 1080 AM que mantendrá un encuentro con el representante estadounidense.
El presidente paraguayo, Mario Abdo Benítez, se refirió esta semana al caso en una entrevista a Telemundo para apuntar que, en su opinión, «lo correcto» sería que Velázquez dimitiera.
«Yo no tengo facultad de destitución y yo respeto su decisión», expuso el gobernante conservador, quien acotó que si él «hubiese estado en esa situación, habría renunciado».
En un principio, Velázquez anunció la decisión de «dar un paso al costado para no afectar el entorno del dignatario ni al Partido Colorado», medida que extendió además a su pretensión de pelear por una candidatura presidencial por el oficialismo para las elecciones del año que viene.
En ellas, los colorados enfrentarán a una amplia coalición opositora que integran partidos políticos, gremios y movimientos sociales.
Sin embargo, días más tarde dijo que esperaría las pruebas en el marco de una investigación oficial.
El embajador de Estados Unidos en Asunción, Marc Ostfield, anunció el 12 de agosto pasado que Velázquez fue señalado por obstruir una investigación que lo amenazaba a él y sus intereses financieros, y precisó que el presunto soborno sería por un millón de dólares.
Otras personas acusadas son los familiares cercanos de Hugo Velázquez, Lourdes María Andrea Samaniego González, Dionicio Adalberto Velázquez Giménez, Sonya Rebeca Velázquez Escauriza y Hugo José Velázquez Escauriza.
Estados Unidos también agregó a su lista negra al exfiscal y asesor jurídico de Yacyretá, Juan Carlos Duarte.
La publicación señala que Duarte, un colaborador personal y profesional cercano al vicepresidente, fue el encargado de ofrecer el presumible soborno referido.
La designación en la lista conlleva sanciones de por vida, como la prohibición de entrada a ese país y no poder utilizar su dinero allí.
