RAFAELA NOTICIAS en Tribunales. La Justicia ordenó la prisión preventiva de Carlos R., acusado de abusar sexualmente de la hija de 13 años de su pareja y de agredir físicamente a la mujer. La resolución fue dictada por la jueza Laura Lencioni, luego de una audiencia en la que la fiscal Brenda Baños pidió que el imputado permanezca detenido y la defensora Victoria Romano propuso medidas alternativas.
La Fiscalía sostuvo que existían elementos suficientes para vincular al acusado con los dos hechos investigados que ocurrieron en julio y octubre de este año – respectivamente- en el oeste de la ciudad, y planteó riesgos procesales relacionados con una posible fuga y la necesidad de resguardar a las víctimas. La magistrada consideró acreditados esos riesgos y entendió que las alternativas propuestas por la defensa no eran suficientes para neutralizarlos.
Las dos imputaciones y la versión del acusado
Según la acusación fiscal, el imputado ingresó a la habitación de la menor de 13 años, la amenazó para que guardara silencio y cometió el abuso sexual. La calificación legal expuesta durante la audiencia fue la de «Abuso sexual gravemente ultrajante agravado, por tratarse de una víctima menor de 18 años».
Entre los elementos presentados se mencionaron la declaración de la adolescente en cámara Gesell, el testimonio de una hermana sobre lo que ella le había contado, las actuaciones policiales y los resultados de pericias de laboratorio. La jueza consideró que el relato de la adolescente era coherente y que, junto con los demás elementos, permitía sostener la imputación en esta etapa del proceso.
La defensa cuestionó aspectos de los resultados médicos y periciales. Sin embargo, Lencioni entendió que esos planteos no alcanzaban para descartar, por el momento, la hipótesis de la Fiscalía.
El segundo hecho atribuido a Carlos R. habría tenido como víctima a su pareja (madre de la niña presuntamente abusada). Según la acusación, después de una discusión la habría golpeado con puños y patadas. La mujer salió de la vivienda pidiendo ayuda y un vecino llamó al 911. La Fiscalía sostuvo que, tras la retirada del personal policial, se produjo otra agresión. En este hecho la carátula es de «Lesiones leves calificadas por el vínculo, en un contexto de violencia de género».
La jueza valoró el llamado de emergencia, el testimonio del vecino y un examen médico que registró distintas lesiones. También tuvo en cuenta los testimonios sobre el temor que la mujer manifestaba hacia su pareja y el contexto de violencia y sometimiento expuesto durante la audiencia.
El imputado declaró en la audiencia, negó el abuso sexual y rechazó haber agredido a la mujer. Durante la audiencia dio una versión diferente sobre el origen de las lesiones: dijo que eran autoinfringidas por la víctima para que él no la dejara.
Los motivos para mantenerlo detenido
La fiscal Brenda Baños pidió la prisión preventiva y argumentó que una eventual pena en un futuro, podría ser de cumplimiento efectivo: de 8 a 20 años. También mencionó antecedentes condenatorios del imputado (tiene una condena previa por homicidio), la gravedad de los hechos atribuidos y la posibilidad de que intentara evadir el proceso o interferir en su desarrollo.
La defensora Victoria Romano se opuso al pedido. Sostuvo que la investigación estaba avanzada, que la adolescente ya había declarado en cámara Gesell y que las pericias estaban incorporadas. Como alternativa a la prisión, propuso restricciones de acercamiento y contacto, controles periódicos y un domicilio prestado donde el acusado pudiera permanecer.
Al resolver, Lencioni señaló que los riesgos procesales debían evaluarse durante todo el proceso y que correspondía considerar las obligaciones asumidas por el Estado argentino para prevenir y abordar la violencia contra las mujeres. Aclaró que ese análisis debía realizarse sin desconocer las garantías del debido proceso ni el estado de inocencia del imputado.
La magistrada consideró relevantes la expectativa de una pena efectiva, los antecedentes mencionados durante la audiencia, la falta de un domicilio fijo debidamente acreditado (ya que la Dra. Romano propuso la propia Defensoría como domicilio legal) y la situación de vulnerabilidad de las dos presuntas víctimas.
También tuvo en cuenta que, según lo expuesto por la Fiscalía, el imputado habría intentado impedir que la adolescente denunciara el primer hecho. Para la jueza, ese comportamiento y el contexto de violencia señalado durante la audiencia eran factores que debían considerarse al evaluar los riesgos procesales.
Finalmente, concluyó que las medidas alternativas ofrecidas por la defensa no eran suficientes para neutralizar esos riesgos y dispuso la prisión preventiva de Carlos R. por el plazo de ley.
Fuente: Rafaela Noticias
