En vìsperas de un año electoral donde se jugará quién gobernará la ciudad en el próximo período, la primera puja política importante será por los recursos del municipio. Y la oposición se apresta a hacer valer su poder de fuego en el Legislativo ciudadano, donde tiene mayoría cómoda, para golpear al oficialismo allí más le duele: en la caja. En el eje de ese debate está el precio de los impuestos locales que pagarán los rafaelinos, básicamente la Tasa General de Inmuebles, que junto con el Derecho de Registro e Inspección son las dos fuentes principales de recursos propios que tiene el municipio, más allá de los que llegan de otra jurisdicción (como los impuestos coparticipables de Nación y Provincia).
La disyuntiva es clara: un aumento que corra a la par de la inflación y de los costos que afronta el Estado local para brindar servicios significa que los contribuyentes deben pagar más. Quien defienda lo primero argumenta la necesidad de proteger la financiación del municipio para garantizar la normal prestación de servicios (entre los que se incluyen algunos que otros municipios no prestan en forma directa, como es el caso del transporte público urbano y la recolección domiciliaria diaria de residuos). Pero correr a la par de la inflación implica también exponerse a pagar un alto costo político, porque cualquier incremento en la carga fiscal, aún cuando esté plenamente justificado, genera repercusiones negativas en el humor social, ya de por si castigado por el ritmo de la inflación.
Tomando nota de eso, en 2018 se resolvió cortar por lo sano: todos los bloques actualmente representados en el Concejo propusieron en aquel momento una fórmula matemática que le daría sustento a la actualización de los tributos municipales. Sobre la base de una UCM (Unidad de Cuenta Municipal) se dispuso aplicar una fórmula basada en la incidencia de los costos principales del municipio. Se estableció que 50% de esa incidencia sería considerando los aumentos salariales de la categoría 15 de los trabajadores municipales; otro 40% sería calculado según el índice de precios mayoristas nacionales; y un 10% de incidencia tendría el valor del gasoil grado dos.
El ensayo, que pretendía quitarle peso al debate político, no sobrevivió al primer año electoral. La oposición, ya con mayoría en el Concejo en 2018 y -por lo tanto- poder decisión casi total, resolvió dejar sin efecto esa fórmula -los porcentajes, al ritmo inflacionario, eran muy altos y para colmo de males llegó la pandemia- y hacerse cargo de lo que siempre se tuvieron que hacer cargo los concejales, en todos los tiempos: la discusión política racional, en donde los intereses del Estado local y la prestación de servicios van de la mano de un financiamiento al que tienen que aportar los vecinos, pero no al costo del hambre y la sed, si vale la comparación. Todo en su medida y armoniosamente, para referir a un parafraseo de moda en estos días.
Ahora volvió a plantearse la disyuntiva. El Ejecutivo sacó de la manga una «reinvención» de la fórmula polinómica, a la que agregó algunos ítems: los incrementos en insumos claves, como el cemento y las luminarias, que se fueron por las nubes. El porcentaje «matemático»: 47,18%. Más elevado que el 41-42% que se anticipaba por la «polinómica tradicional».
La oposición -Juntos por el Cambio oficial, más el refuerzo del PDP, exFrente Progresista y ahora políticamente alineado con JxC- replicó con un freno contundente. Nada de reinvenciones ni de fórmulas polinómicas, ni de actualización por inflación. Aumentos escalonados bimestrales, del 12% en tres tramos. Para achicar la brecha, argumenta: en el primer semestre, sería un aumento del 40,5% (muy cerca del valor de la polinómica tradicional) y un 81,23% entre julio 22 y julio 23. Casi la inflación que prevén los más optimistas….
Pero así presentados los números ocultan una verdad. Por cada millón de pesos recaudados en diciembre de 2022, el Ejecutivo propone un aumento que le permitiría recaudar casi un millón y medio en enero, otro tanto en febrero y así: en realidad, 1.470.000 y fracción. En cambio, JxC reforzado propone que recaude 1.120.000 en enero y febrero; y vaya agregando aumentos bimestrales del mismo monto. Recién en abril-mayo por cada millón de pesos cobrado en diciembre estarian cobrando 1.405.000 pesos. En dinero, la diferencia es muy grande.
Se refleja también esa diferencia en el valor de la UCM. Mientras el Ejecutivo quiere llevarla «de un saque» a 9,63. En cambio, JxC quiere que en el primer bimestre de 2023 sea de 7,32; en el segundo semestre de 8,20 y recién en abril-mayo llegue a 9,19 pesos.
La mayoría de que dispone JxC indica que no hay mucho margen para negociar. Sin hacer juicios de valor sobre una u otra postura, hay algo claro: esa diferencia de dinero se sentirá menos en el bolsillo del contribuyente rafaelino, pero resentirá el financiamiento de los servicios que se prestan a… los rafaelinos. Adónde se sentirá más? Será hora de analizar por dónde vienen los recortes. Y más terreno para la discusión política, obviamente.
