RAFAELA NOTICIAS en Tribunales. En Frontera, la escena que describió la fiscal Lorena Korakis durante una audiencia judicial parece repetirse: personas que llegaban a pie o en motocicleta, se acercaban a una ventana, permanecían apenas unos segundos y se retiraban. Para los investigadores, esos movimientos eran compatibles con la venta de drogas al menudeo. La vivienda, según la acusación, no era un hogar en el que ocasionalmente se comercializaban estupefacientes, sino un lugar acondicionado para esa actividad.
El juez Gustavo Bumaguín dispuso 60 días de prisión preventiva para Jorge Coronel, alias “Pulpa”, de 47 años, y a Valeria Vanesa Heredia, de 42. La resolución llegó después de escuchar a la Fiscalía y a las defensas, que plantearon situaciones personales complejas y cuestionaron que sus asistidos ocuparan un lugar relevante dentro de la presunta estructura de venta.
Una ventana, un “soldado” y droga escondida en un calefón
Según expuso Korakis, la investigación comenzó el 25 de septiembre, luego de que desde la intendencia de Frontera transmitiera reclamos de vecinos por presuntas maniobras de venta de estupefacientes en una vivienda. Algunos habitantes de la zona habrían aportado videos y solicitado mantener su identidad en reserva por temor a posibles represalias.
En las imágenes, de acuerdo con la descripción fiscal, se observaban personas inclinándose hacia una ventana cuya persiana permanecía parcialmente abierta. Los investigadores interpretaron esos movimientos como intercambios de dinero por pequeñas cantidades de droga. También señalaron que las visitas duraban apenas segundos y que los movimientos se repetían durante distintos días y horarios.
Korakis agregó que durante las tareas de campo se había detectado la presencia de un “soldado”: una persona que permanecía en las inmediaciones, atenta a los movimientos y a la llegada de posibles compradores. Para la Fiscalía, esa vigilancia formaba parte del funcionamiento del lugar y permitía advertir la presencia de personas sospechosas.
La fiscal remarcó otro aspecto: la vivienda no presentaba características propias de un lugar habitado de manera habitual. Según su planteo, no estaba acondicionada como una casa familiar, sino que era utilizada específicamente para la comercialización de estupefacientes. De allí que la describiera como un típico búnker.
El allanamiento realizado por la PDI permitió secuestrar 63 envoltorios con cocaína, con un peso total informado de aproximadamente 38,5 gramos. Una parte de la sustancia estaba escondida en un calefón, según se expuso durante la audiencia. También se encontraron dinero en efectivo, recortes y otros elementos que la acusación vinculó con el fraccionamiento de la droga.
Además de Coronel y Heredia, en la vivienda fue detenido un adolescente de 17 años. La propia fiscal indicó que el menor había recibido 60 días de prisión preventiva en otra audiencia.
“Yo estaba comprando”: la explicación de «Pulpa»
Uno de los puntos que atravesó la audiencia fue la explicación de Jorge Coronel, conocido como “Pulpa”. El hombre sostuvo que había concurrido al lugar para comprar droga y no para venderla. Según lo expuesto por su defensa, Coronel tenía dos dosis de cocaína en su billetera. Esa circunstancia fue utilizada para sostener que se encontraba allí como consumidor y no como integrante de la presunta actividad de comercialización.
Su defensora, Victoria Romano, presentó la historia personal del acusado y relató una prolongada lucha contra las adicciones. Dijo que había atravesado distintos tratamientos de rehabilitación en varias provincias, con internaciones y períodos en los que logró mantenerse sin consumir, aunque también había sufrido recaídas.
La abogada destacó que Coronel estaba casado, tenía dos hijos y contaba con el apoyo de su familia. También señaló que recibía asistencia psicológica y psiquiátrica. Desde esa perspectiva, pidió que la situación fuera analizada contemplando el consumo problemático y que se evitara que la prisión preventiva interrumpiera nuevamente sus posibilidades de recuperación.
Romano solicitó la libertad de su defendido con medidas alternativas, como fijación de domicilio, supervisión familiar, prohibición de acercarse al inmueble investigado y a los coimputados, y presentaciones periódicas ante la comisaría.
Pero había otro detalle que complicaba la explicación del hombre. Coronel no solamente tenía dos dosis en su billetera: también estaba dentro de la vivienda allanada. Según se expuso durante la audiencia, había explicado que ingresó para buscar bicarbonato, un producto que puede utilizarse para estirar determinadas sustancias antes de su comercialización.
El juez no pareció convencido por ese argumento. Durante su análisis, señaló que el bicarbonato podía conseguirse en “cualquier farmacia” y cuestionó que alguien necesitara ingresar a una vivienda presuntamente utilizada para vender droga con el propósito de obtener ese producto.
La Fiscalía, además, sostuvo que la cantidad de envoltorios, la forma en que estaban distribuidos, el dinero y los elementos encontrados eran indicios de una actividad de comercialización. Para Korakis, no se trataba solamente de la tenencia de pequeñas cantidades para consumo personal.
Heredia dijo que estaba cuidando la vivienda
La situación de Valeria Vanesa Heredia, de 42 años, tuvo otro eje. Su defensora, Amalia Cassina, cuestionó que la presencia de su asistida en la casa alcanzara para vincularla con la presunta venta de estupefacientes.
Heredia manifestó que no vivía habitualmente en ese inmueble, sino que le habían pedido que lo cuidara. Dijo que su domicilio estaba en otro lugar y habló de su situación familiar, incluidos sus hijos y nietos. También pidió una nueva oportunidad y sostuvo que llevaba diez años sin volver a ser detenida por una causa vinculada con drogas.
Cassina insistió en que los investigadores no habían identificado a la persona que presuntamente realizaba los intercambios a través de la ventana. También planteó que no estaba acreditado que Heredia supiera que había droga escondida en la vivienda.
La defensora destacó el arraigo de su clienta y sus responsabilidades familiares. Según explicó, Heredia se dedicaba a la venta de ropa junto con su hija y contribuía al sostenimiento de su entorno. Por eso, consideró que existían alternativas menos restrictivas que la prisión preventiva.
La abogada también puso el foco en la posición que, según su planteo, ocupaban ambos acusados dentro de la presunta estructura. La defensa sostuvo que no se había logrado acreditar que fueran quienes organizaban la actividad y apuntó a una persona conocida como “Chipaca”, de 28 años, a quien señaló como un presunto responsable de mayor jerarquía que todavía no había sido detenido, según el propio legajo investigativo.
El argumento fue que Coronel y Heredia serían los eslabones más vulnerables de una cadena de comercialización, atravesados por problemas de consumo y lejos de ocupar el lugar de quienes organizan el negocio.
Los antecedentes y los riesgos que evaluó el juez
Al solicitar las prisiones preventivas, Korakis argumentó que el delito atribuido contempla una pena mínima de cuatro años y que, por sus características, podía derivar en una condena de cumplimiento efectivo. También planteó riesgos de fuga y de entorpecimiento probatorio, al considerar que todavía debían recabarse testimonios y profundizarse distintas líneas de investigación.
La fiscal hizo especial referencia a los antecedentes condenatorios de Heredia. Durante la audiencia se mencionaron una condena de 2016 por un delito vinculado con estupefacientes y otra de 2022 por dos hechos de amenazas, con declaración de reincidencia. La situación fue considerada por el juez al analizar los riesgos procesales.
Bumaguín sostuvo que los elementos reunidos permitían respaldar, con el grado de probabilidad requerido en esta etapa, la hipótesis de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización. Valoró la cantidad de envoltorios, el modo en que estaban distribuidos, el dinero secuestrado, los elementos compatibles con el fraccionamiento y las tareas de vigilancia realizadas por los investigadores.
También entendió que persistían riesgos procesales para ambos imputados. En el caso de Heredia, examinó especialmente los antecedentes y la posibilidad de que determinadas conductas pudieran incidir sobre la investigación o el futuro juicio. En ambos casos, evaluó que las medidas alternativas propuestas por las defensas no resultaban suficientes.
Finalmente, el magistrado dispuso 60 días de prisión preventiva para Jorge Coronel, alias “Pulpa”, y la «Gringa» Valeria Vanesa Heredia.
Fuente: Rafaela Noticias
