La investigación conocida como Operación Peine Blanco, que tiene a 22 personas detenidas e imputadas y a otros dos hombres con pedido de detención, sumará ahora una nueva discusión que puede modificar el futuro de la investigación: al menos algunas de las defensas pedirán que el expediente deje la Justicia provincial y pase al fuero Federal.
El planteo será analizado antes de la audiencia de medidas cautelares, prevista para el lunes. Por ese motivo, el juez Nicolás Stegmayer deberá resolver primero si la Justicia provincial continuará al frente de la investigación o si corresponde que intervenga la Justicia Federal.
La novedad fue conocida de manera exclusiva por Rafaela Noticias.
Una discusión que va más allá de las prisiones preventivas
Hasta ahora, el eje de la causa estuvo puesto en la extensa acusación presentada esta semana por los fiscales Franco Carbone, Fabiana Bertero y María Cecilia Doro, con la intervención del fiscal regional Carlos Vottero.
Durante la audiencia imputativa, el Ministerio Público de la Acusación describió una organización que, según su hipótesis, funcionó en Rafaela durante más de un año y que estaba integrada por personas con diferentes funciones.
La Fiscalía sostuvo que Edmundo Modesto Carlos Lombardo, conocido como «Gringo», ocupaba el lugar central de la estructura y que debajo suyo existían distintos niveles encargados de la comercialización de drogas, la recaudación, la logística y el denominado brazo armado.
En total, los fiscales vincularon la investigación con 17 legajos penales, en los que aparecen hechos relacionados con el microtráfico, pero también balaceras, amenazas, extorsiones, usurpaciones, secuestros coactivos y delitos relacionados con armas de fuego.
La investigación comenzó a tomar una dimensión mayor con los 17 allanamientos realizados en 12 barrios de Rafaela, durante los cuales fueron detenidas varias de las personas que ahora quedaron involucradas en la causa.
El argumento de las defensas
Frente a esa descripción, las defensas plantean una pregunta: ¿se está investigando solamente una red de vendedores de droga al menudeo o una organización criminal vinculada con una estructura más amplia de tráfico de estupefacientes?
La respuesta a esa pregunta será clave para determinar qué Justicia debe intervenir.
Los abogados consideran que la propia acusación fiscal muestra que no se trataría simplemente de personas que vendían droga de manera aislada. Según lo expuesto en la audiencia, existía una estructura con numerosos integrantes, distintos puntos de venta, distribución de funciones, circulación de dinero, armas y una importante cantidad de hechos violentos.
Por eso, entienden que la investigación excede el concepto de microtráfico que puede ser abordado por la Justicia provincial y que debería intervenir el fuero Federal.
La defensa sostiene que la provincia tiene competencia sobre determinados casos de comercialización minorista de estupefacientes, pero que eso no significa que pueda investigar cualquier estructura criminal vinculada con el narcotráfico.
En ese sentido, los abogados consideran que la causa debería ser analizada como un todo y no dividirse entre distintos delitos o personas. Si, como sostiene la Fiscalía, todos los integrantes formaban parte de una misma organización, argumentan, también debería existir una única jurisdicción para investigar ese entramado.
Una investigación de gran volumen
La discusión aparece en una causa que desde el comienzo mostró una dimensión poco habitual.
Son 17 legajos penales conexos, 22 personas detenidas e imputadas, otros dos investigados que permanecen prófugos y una acusación que involucra una gran cantidad de hechos ocurridos en distintos barrios de la ciudad.
Además de las acusaciones vinculadas con la venta de drogas, los fiscales describieron una organización que habría utilizado la violencia para controlar territorio y resolver conflictos.
Entre los hechos investigados aparecen balaceras contra viviendas, amenazas, extorsiones, usurpaciones y secuestros coactivos, además de distintas acusaciones relacionadas con armas de fuego.
Uno de los episodios mencionados durante la imputativa involucró incluso a un niño de 12 años que resultó herido por un disparo durante un ataque armado.
Para las defensas, precisamente esa combinación de drogas, organización, armas y violencia es uno de los elementos que debe ser tenido en cuenta al momento de determinar la competencia.
Todos los defensores que intervienen
En la causa intervienen los abogados Carlos Luis Farías Demalde, Federico José Scarinci, Bruno Leónidas Rossini, Andrés Alberto Colón, José María Silvela y Amalia Cassina.
Bruno Leónidas Rossini y Amalia Cassina pertenecen al Ministerio Público de la Defensa, mientras que los restantes profesionales ejercen la defensa particular de distintos imputados.
Las defensas no cuestionarán solamente las acusaciones individuales. El planteo apunta directamente al fuero que deberá continuar con la investigación.
La audiencia prevista para el lunes había sido convocada para discutir las medidas cautelares de los imputados, pero ahora tendrá una instancia previa. Antes de analizar quiénes deben continuar detenidos y bajo qué condiciones, el juez deberá resolver el planteo de incompetencia presentado por las defensas.
Si Stegmayer considera que la Justicia provincial es competente, la investigación continuará en ese ámbito y se avanzará con la discusión de las medidas cautelares. Si entiende que corresponde la Justicia Federal, deberá disponerse la remisión de las actuaciones al fuero correspondiente.
Así, Peine Blanco suma una nueva batalla judicial. Después de la extensa imputación que expuso el supuesto funcionamiento de una organización dedicada al microtráfico y vinculada con numerosos hechos violentos en Rafaela, ahora la discusión será otra: qué Justicia debe investigar el entramado que los fiscales aseguran haber descubierto.
Fuente: Rafaela Noticias
