El ministro de Obras Públicas de Santa Fe, Lisandro Enrico, cuestionó este martes al Gobierno nacional por la falta de pago de certificados de obra que afecta la ampliación de la planta potabilizadora de Aguas Santafesinas S.A. en la ciudad de Santa Fe, una situación que -según afirmó- provocó la ralentización de los trabajos y la cesantía temporal de parte del personal.
El funcionario explicó que la Nación mantiene una deuda correspondiente a certificados de obra de los meses de noviembre, diciembre, enero y febrero, por un monto cercano a los 800 millones de pesos. “Son dos obras que el Gobierno nacional se había comprometido a financiar tras la firma de un convenio en junio de 2024: la planta potabilizadora de Granadero Baigorria y la de Santa Fe. Hoy ambas acumulan tres meses sin pagos, lo que impide a las empresas cumplir con sus obligaciones salariales”, señaló.
Enrico remarcó que la falta de desembolsos impacta de manera directa en la continuidad de los trabajos. “Cuando se inicia una obra, la empresa monta el obrador, contrata personal, paga seguros y asume costos operativos. Si no cobra, se vuelve inviable sostener esa estructura”, sostuvo. Y añadió: “Esto es lo que está ocurriendo actualmente en la planta potabilizadora de la capital provincial”.
El ministro santafesino aseguró que desconoce los motivos de la demora en los pagos por parte de la Nación, pero subrayó que el incumplimiento afecta tanto a las empresas como a los trabajadores. En ese sentido, fue crítico con la gestión nacional: “La Nación no paga los compromisos asumidos. En toda la provincia solo tiene dos obras en marcha: no construye viviendas ni repara rutas”, afirmó.
Asimismo, destacó el rol del Gobierno santafesino en la continuidad de proyectos de infraestructura. “La Provincia está asumiendo responsabilidades que corresponden al Estado nacional, como la reparación de rutas nacionales y la reactivación de obras emblemáticas como el Monumento a la Bandera o la cascada del Saladillo”, indicó.
Finalmente, Enrico defendió la política provincial en materia de obra pública y marcó diferencias con la administración nacional. “En Santa Fe, las empresas cobran en tiempo y forma. Esa es una decisión política que garantiza empleo y continuidad en las obras”, concluyó.
