En Rafaela funcionan actualmente 21 hogares para personas mayores habilitados, aunque desde el Municipio estiman que existen más de 80 establecimientos que operan por fuera del sistema formal. Frente a este escenario, el Ejecutivo comenzó a trabajar en una modificación de la ordenanza vigente con el objetivo de facilitar la regularización de estos espacios sin resignar los controles sobre la calidad de la atención.
La información fue brindada por el coordinador de Salud municipal, Daniel Marfortt, durante la reunión que mantuvo el jueves pasado con los concejales. Allí explicó que la intención es redactar una normativa «más amigable», que incentive a los responsables de los hogares a iniciar el proceso de habilitación en lugar de mantenerse en la informalidad.
Según detalló el funcionario, la ordenanza actual quedó desactualizada y, en algunos aspectos, resulta incluso más exigente que la normativa provincial, que fue sancionada con posterioridad. En ese sentido, señaló que la regulación local pone un fuerte énfasis en los requisitos edilicios, mientras que la nueva propuesta buscará priorizar las condiciones sanitarias y la calidad de la atención que reciben los adultos mayores.
La iniciativa no apunta únicamente a flexibilizar determinados requisitos. Desde el Ejecutivo también plantean desarrollar un esquema de asesoramiento y acompañamiento técnico para los hogares que hoy funcionan sin habilitación, brindándoles herramientas y el apoyo de profesionales para que puedan adecuarse a las exigencias y, de esa manera, incorporarse al sistema formal.
La expectativa del Municipio es que una normativa más acorde a la realidad actual permita aumentar la cantidad de establecimientos habilitados y, al mismo tiempo, fortalecer los controles sobre un sector que cumple un rol clave en el cuidado de las personas mayores.
Muchas y diversas exigencias edilicias
La normativa municipal que actualmente regula los hogares para personas mayores en Rafaela fue sancionada en 2017 y, para ese momento, representó una actualización importante al establecer derechos para los residentes, obligaciones para los responsables de los establecimientos y mayores facultades de control para el Estado local.
La ordenanza clasifica los establecimientos en distintas categorías según el grado de dependencia de las personas alojadas y dedica buena parte de su articulado a establecer requisitos para su habilitación y funcionamiento. Entre ellos figuran exigencias edilicias muy precisas, como dimensiones mínimas de habitaciones, cantidad máxima de camas por dormitorio, rampas, ascensores, baños adaptados, patios y espacios recreativos, sistemas contra incendios, climatización y condiciones de accesibilidad. También determina la cantidad y el perfil del personal profesional que debe prestar servicios, exige historias clínicas, registros obligatorios, seguros de responsabilidad civil y la doble habilitación municipal y provincial.
A esas condiciones se sumó en 2018 otra ordenanza que incorporó la obligación de instalar sistemas de videovigilancia en geriátricos, hogares y centros de día. La norma establece que estos establecimientos deben contar con cámaras que permitan el monitoreo permanente de las áreas donde permanecen los residentes y registren el ingreso y egreso de personas, constituyendo además un requisito para obtener la habilitación.
Sin embargo, desde entonces el marco jurídico provincial cambió de manera significativa. En 2024 Santa Fe sancionó la Ley Provincial N.º 14.231, que reemplazó el enfoque tradicional centrado exclusivamente en la habilitación de establecimientos por un sistema integral de protección de los derechos de las personas mayores.
La nueva legislación incorpora el paradigma de la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores y pone el eje en la autonomía, la dignidad y la calidad de los cuidados. Además de las residencias de larga estadía, contempla otras modalidades de atención, como los cuidados domiciliarios, los centros de día, las viviendas con apoyos y un sistema provincial de cuidados progresivos, priorizando que las personas permanezcan el mayor tiempo posible en su entorno habitual.
En ese contexto, la ordenanza local quedó basada en un esquema normativo anterior, con un fuerte énfasis en los requisitos edilicios y de infraestructura. La legislación provincial, en cambio, propone un modelo que mantiene los controles, pero prioriza la calidad de la atención, la protección de derechos y la integración de los distintos dispositivos de cuidado. Esa diferencia de enfoque es uno de los principales argumentos que hoy impulsan la necesidad de actualizar la regulación vigente en Rafaela.
