Después de años de trabajo en la docencia, una mujer jubilada de Rafaela buscaba cumplir un objetivo personal: tener su propia casa. Había recibido dinero y quería encontrar una alternativa que le permitiera reunir el capital necesario para comprar una vivienda.
Sin embargo, lo que comenzó como una inversión para alcanzar esa meta terminó convirtiéndose en una experiencia que todavía le genera decepción e incertidumbre. Durante su testimonio en el juicio contra el Grupo Spaggiari, relató cómo entregó US$ 40.000, por qué confió en la empresa y qué ocurrió cuando intentó recuperar sus ahorros.
La mujer explicó que se había desempeñado como docente de nivel primario en Rafaela. Tras su jubilación, comenzó a evaluar distintas posibilidades para acceder a una vivienda propia.
Fue entonces cuando su hijo le comentó que tenía un convenio con el Grupo Spaggiari y que recibía dinero a partir de esa inversión. Le propuso acompañarla a la empresa para que conociera el sistema, analizara las condiciones y decidiera si le resultaba conveniente.
Así fue como, algunos meses antes de diciembre de 2020, llegó junto a su hijo a las oficinas ubicadas sobre boulevard Roca. Allí tomó contacto con un representante de la empresa, quien le explicó el funcionamiento del sistema de inversiones.
De los primeros US$ 10.000 a una inversión de US$ 40.000
La docente recordó que, durante aquella primera conversación, le explicaron que el grupo recibía dinero de inversores y ofrecía distintas modalidades de convenios. Una de las opciones consistía en entregar un capital por un año y cobrar intereses mensuales en dólares.
En diciembre de 2020 decidió aportar US$ 10.000. Según relató, el acuerdo contemplaba un pago mensual de US$ 300 en concepto de intereses.
La mujer aseguró que la propuesta le resultó convincente. No solamente por las condiciones económicas, sino también por la imagen que tenía de la empresa. Mencionó que el grupo contaba con una fábrica de ladrillos ecológicos y otra de aberturas, además de participar en exposiciones rurales en las que mostraba sus productos.
También conocía a integrantes de la familia Spaggiari por su trayectoria en la ciudad. Todo eso, según explicó, contribuyó a que considerara que estaba frente a una empresa confiable.
Durante el primer año, señaló, cobró los intereses mensualmente y no tuvo inconvenientes. Cuando llegó el vencimiento del convenio, en 2021, una integrante del grupo le consultó si estaba interesada en renovarlo.
La mujer aceptó. En esa oportunidad le indicaron que el nuevo acuerdo debía realizarse por dos años. Como hasta ese momento había cobrado con normalidad, consideró que continuar era una buena alternativa.
Recordó que, para el primer convenio, los inversores recibían un turno mediante un teléfono fijo y concurrían a cobrar. Para la renovación, en cambio, comenzaron a utilizar una aplicación que funcionaba como turnero para organizar los pagos.
Todo transcurría con normalidad, según su testimonio, hasta que durante 2022 decidió volver a acercarse a las oficinas para consultar sobre la posibilidad de invertir más dinero.
Su objetivo seguía siendo comprar una vivienda. Entendía que los US$ 10.000 que había aportado no serían suficientes, por lo que evaluaba sumar otros ahorros y eventualmente combinar ese capital con algunas propiedades de su familia.
Escuchó rumores, consultó en la empresa y volvió a invertir
La docente reconoció que, durante 2022, ya circulaban comentarios sobre la situación económica del Grupo Spaggiari. Frente a esas versiones, decidió preguntar directamente en la empresa cómo estaban funcionando las cosas.
Explicó que no quería dejarse llevar por comentarios de terceros y que consideraba más conveniente acudir a la propia fuente para conocer la situación.
En esa oportunidad habló con una integrante del grupo y le preguntó expresamente si todo estaba bien. Según recordó, recibió una respuesta tranquilizadora.
«Todo está perfecto, todo anda re bien en el grupo, no te hagas ningún problema si tenés decidido ingresar algún dinero más», fue la respuesta que le atribuyó durante la audiencia.
La mujer sostuvo que también le ratificaron que los convenios continuarían realizándose por dos años y que se mantendrían las condiciones de los intereses.
Finalmente, entre octubre y noviembre de 2022, entregó otros US$ 30.000. De esa manera, sumados a los US$ 10.000 iniciales, el capital que había aportado llegó a US$ 40.000.
Durante su declaración, reconoció que nunca se le ocurrió consultar a otro corredor inmobiliario para comparar propuestas. Tampoco verificó por su cuenta las propiedades que aparecían como respaldo en los convenios.
Explicó que confiaba en el grupo por la imagen que había construido la empresa, por su actividad comercial y por el conocimiento previo que tenía de sus integrantes.
Al recordar esa decisión, planteó que, en su opinión, quienes conducían la empresa debían conocer las dificultades que atravesaban. Comparó la situación con la economía de una familia, que necesita reconocer cuándo sus ingresos ya no alcanzan para afrontar los gastos.
Para ella, si el grupo sabía que no estaba en condiciones de cumplir con los compromisos, debía haberlo comunicado antes de seguir recibiendo dinero.
La propuesta de recibir una vivienda como parte de pago
El escenario cambió cuando, según relató, desde la empresa comenzaron a comunicar que atravesaban una situación económica complicada y que, por el momento, no podían devolver el dinero a los inversores.
La explicación que recordó fue que intentarían organizarse durante 2023 para restituir el capital y los intereses correspondientes.
La noticia generó preocupación entre quienes habían invertido. La docente describió un ambiente de incertidumbre, con personas enojadas, otras muy afectadas anímicamente y muchas decepcionadas por lo que estaba sucediendo.
En febrero de 2023, una integrante del grupo la puso en contacto con otra persona de la empresa para avanzar con un nuevo convenio que estableciera las condiciones de devolución del dinero.
Según explicó, le indicaron que le enviarían el documento por correo electrónico para que pudiera leerlo y conocer cómo se instrumentaría la restitución del capital y los intereses. Una vez revisado, debía comunicarse con los abogados para concretar la firma.
La mujer decidió solicitar un turno en el estudio jurídico. Allí fue atendida por uno de los abogados y aprovechó la oportunidad para explicar su situación personal y el objetivo que había perseguido desde el comienzo de la inversión.
Le contó que su intención era utilizar el dinero para comprar una casa y consultó si existía alguna alternativa a la devolución prevista en el convenio.
En concreto, propuso que se evaluara la posibilidad de recibir una vivienda como parte de pago, considerando que también contaba con propiedades familiares y que podía aportar algo más para concretar la operación.
La propuesta fue analizada, pero no prosperó. La docente recordó que entre marzo y abril mantuvo conversaciones con el abogado y que la respuesta definitiva llegó en junio.
Según relató, le comunicaron que esa posibilidad no iba a ser viable y que la única alternativa era firmar el convenio de devolución del dinero.
Antes de tomar una decisión, buscó una segunda opinión profesional. Consultó a otro abogado, a quien le explicó los antecedentes de la inversión y su intención de obtener una vivienda.
De acuerdo con su testimonio, el profesional consideró interesante la propuesta de utilizar el dinero como parte de pago, aunque también le recomendó firmar el convenio que le habían presentado.
Un error en el convenio y una firma que nunca se concretó
La docente finalmente decidió avanzar con el documento de devolución. Sin embargo, al revisar el convenio detectó una diferencia en el monto consignado.
Según explicó, en el papel figuraban US$ 50.000, pese a que ella sostenía haber aportado US$ 40.000 en total.
La mujer manifestó que inicialmente interpretó que la diferencia podía responder a los intereses acumulados, aunque luego se le indicó que existía un error en la redacción del documento.
De acuerdo con su relato, uno de los abogados le comunicó que el convenio debía redactarse nuevamente y que se lo presentarían para firmarlo otra vez.
Pero esa nueva firma nunca se concretó. La situación del grupo cambió y el trámite quedó inconcluso, por lo que la docente no llegó a formalizar el acuerdo de devolución en los términos que esperaba.
Durante la audiencia también explicó que los convenios que había firmado incluían fechas de inicio y finalización, la identificación de las partes, las condiciones de los intereses y cláusulas que, según entendía, funcionaban como garantías.
Además, señaló que había incluido a sus hijos como respaldo personal ante la posibilidad de que le sucediera algo. Explicó que esa decisión respondía a que no sabía cuánto tiempo iba a vivir y quería dejar organizada su situación familiar.
Sin embargo, reconoció que nunca se había detenido a comprobar de manera independiente las propiedades que figuraban como respaldo de los acuerdos.
«Simplemente era decir que no trajeran más dinero»
En el tramo final de su testimonio, la mujer reflexionó sobre lo ocurrido y sostuvo que considera que actuó de buena fe. Recordó que, ante las dudas que comenzaban a circular, fue personalmente a consultar a la empresa antes de ampliar su inversión.
Por eso, cuestionó que no se le hubiera advertido sobre una eventual imposibilidad de cumplir con los compromisos.
«Simplemente era decir: no traigas más dinero porque no está en buenas condiciones la empresa. Simplemente eso. Dos letras: no», expresó.
Para la docente, reconocer las dificultades económicas y comunicarlas a tiempo habría permitido que los inversores evaluaran qué hacer con sus ahorros y evitaran comprometer más dinero.
También sostuvo que cada persona debe hacerse responsable de sus actos y de las respuestas que brinda cuando otros depositan su confianza en ella.
La experiencia tuvo consecuencias concretas en su vida cotidiana. Actualmente continúa alquilando una vivienda y explicó que recibe ayuda de su hija para afrontar los gastos. La casa propia que había imaginado cuando se acercó al Grupo Spaggiari sigue siendo una meta que no pudo concretar.
Pese a la decepción, intentó mantener una mirada hacia adelante. Recordó sus años de trabajo en la docencia y expresó que, después de tanto esfuerzo, considera que merece una situación mejor.
«Después de tantos años de haber trabajado, creo que me merezco algo mejor», manifestó.
Qué espera del juicio contra Spaggiari
Consultada sobre sus expectativas respecto del proceso penal, la docente se mostró pesimista acerca de las posibilidades de recuperar el dinero.
«Creo que está todo perdido para los inversores», afirmó, aunque aclaró que todavía conserva la esperanza de que puedan recibir al menos una parte de lo que aportaron.
«Aunque sea algo, algo de ese dinero a todos nos serviría», expresó.
La mujer recordó que, en su momento, desde el grupo les habían pedido que les permitieran seguir trabajando con la expectativa de reunir los recursos necesarios para devolver lo adeudado. Sin embargo, dijo que no sabe si esa posibilidad podrá concretarse.
Por eso, planteó dos alternativas: que los inversores recuperen el capital que entregaron, aunque sea parcialmente, o que la Justicia determine las responsabilidades y resuelva lo que corresponda.
Finalmente, reclamó que se tenga en cuenta a quienes confiaron sus ahorros en función de la imagen que la empresa transmitía y de los resultados que habían obtenido durante los primeros convenios.
«Que realmente defienda a quienes con confianza, con buena voluntad, con buenas actitudes, han aportado, creído, valorado sus trabajos», pidió.
La docente cerró su declaración con una mezcla de decepción y esperanza. Después de haber invertido sus ahorros con la intención de dejar de alquilar, hoy no sabe si podrá recuperar el dinero que había destinado a ese proyecto. Su expectativa es que el juicio permita esclarecer lo sucedido y que, de alguna manera, los inversores puedan obtener una respuesta.
Fuente: Rafaela Noticias
