Un estudio elaborado por los investigadores Guido Zack y Emiliano Libman para Argendata Fundar determinó que el sistema tributario argentino presenta una marcada regresividad en la distribución de la carga fiscal entre la población.
Los hogares pertenecientes al primer decil (el 10% de menores ingresos) destinan más del 35% de sus recursos al pago de impuestos. En contraste, el décimo decil (el 10% de mayores ingresos) abona menos del 25% de lo que percibe.
Esta diferencia radica en la prevalencia de tributos indirectos asociados al consumo, como el Impuesto al Valor Agregado (IVA) e Ingresos Brutos, por sobre los impuestos directos al patrimonio o la renta.
El peso de los impuestos al consumo y la regresividad
El IVA constituye el tributo de mayor recaudación en el país, representando aproximadamente una cuarta parte del total de recursos fiscales. Al afectar directamente al consumo, impacta de manera proporcionalmente superior en los sectores vulnerables, que destinan la totalidad de sus ingresos a la subsistencia.
En un esquema donde se consume la totalidad del ingreso en la economía formal con un IVA del 21%, la carga efectiva es de ese mismo porcentaje. Por el contrario, un hogar de altos ingresos que ahorra la mitad de lo percibido afronta una carga equivalente al 10,5% de sus recursos totales.
A nivel internacional, Argentina registra una participación de impuestos indirectos superior al promedio latinoamericano y a los indicadores de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
Niveles de evasión y baja recaudación en Ganancias
El informe señala que la eficiencia recaudatoria del IVA se ve fuertemente afectada por el incumplimiento fiscal. La evasión del IVA alcanza el 43,7% de su potencial, posicionando al país en el segundo lugar con mayor nivel de evasión entre las naciones evaluadas.
En el impuesto a la renta empresarial, la eficiencia apenas supera el 27%. La pérdida combinada de recursos por evasión en IVA y Ganancias de sociedades representa cerca de ocho puntos del Producto Interno Bruto (PIB).
Por su parte, el impuesto a las Ganancias mantiene un peso comparativamente reducido en la estructura nacional frente a los estándares de la OCDE, lo que limita su capacidad para compensar el impacto regresivo de los tributos al consumo.
Desigualdades por regímenes y bajo impacto patrimonial
El análisis advierte distorsiones según la condición fiscal del contribuyente. Los trabajadores bajo el régimen de Monotributo enfrentan cargas inferiores frente a los independientes inscriptos en el régimen general con ingresos equivalentes. Asimismo, el mínimo no imponible para asalariados deja a una porción importante fuera de la tributación de Ganancias.
Respecto a la riqueza, los tributos sobre el patrimonio presentan un peso reducido en la comparación internacional. En 2024, la implementación del Régimen Especial de Bienes Personales (REIBP) permitió a los adherentes abonar cinco años por adelantado a cambio de 15 años de estabilidad tributaria, reduciendo el margen de progresividad.
En materia de equidad, el coeficiente de Gini nacional pasa de 0,484 antes de impuestos a 0,471 tras los tributos directos, pero asciende a 0,493 al incorporar el impacto de los impuestos indirectos sobre el consumo.
Presión sobre el sector formal y esquemas provinciales
La presión tributaria total en 2024 se ubicó en el 27,6% del PIB, por encima del promedio de América Latina y el Caribe (21,7%). Sin embargo, al medir la carga exclusivamente sobre el sector formal de la economía, el indicador se eleva al 42,4%.
A nivel provincial, el impuesto sobre los Ingresos Brutos explica en promedio el 85% de la recaudación propia de los subdistritos. Su incidencia varía desde el 1,8% del Producto Bruto Geográfico en Santiago del Estero hasta el 11,7% en Misiones.
En cuanto a la dependencia de la coparticipación federal, CABA genera de forma directa el 87,8% de sus recursos, mientras que jurisdicciones como Formosa obtienen el 92,2% de sus fondos mediante transferencias nacionales.
Aportes al trabajo y el Fondo de Asistencia Laboral
En el régimen general de empleo, las cargas sobre el salario representan un 17% de aporte del trabajador (11% jubilación, 3% PAMI y 3% obra social), sumado a contribuciones patronales del 20,4% para grandes empresas y del 18% para MiPyMEs.
Asimismo, la Ley de Modernización Laboral 27.802 de 2026 introdujo el Fondo de Asistencia Laboral (FAL) para el financiamiento de indemnizaciones. Este esquema dispone una contribución patronal obligatoria del 1% para grandes empresas y del 2,5% para MiPyMEs, compensada con una deducción de similar valor en los aportes previsionales.
Fuente: Rafaela Noticias
