El Gobierno nacional formalizó la puesta en marcha de un nuevo régimen de retiro voluntario dirigido a los trabajadores de la Administración Pública Nacional centralizada. La iniciativa, implementada mediante el Decreto 1203/2026 y firmada por el presidente Javier Milei, establece un esquema de compensaciones e indemnizaciones diseñado para aquellos agentes de la planta permanente o con contratos por tiempo indeterminado que decidan desvincularse del sector público.
La medida estará vigente durante todo el mes de noviembre de 2026, con la posibilidad de extenderse por 30 días adicionales. Según estimaciones oficiales y sindicales, el universo de empleados en condiciones de adherir alcanza a más de 20.000 trabajadores de la administración central, quedando excluidos los organismos descentralizados, las Fuerzas Armadas, las fuerzas de seguridad, los servicios de inteligencia y el personal del Servicio Exterior.
Esquema de compensaciones y requisitos
El plan de retiros está articulado en tres categorías principales según la edad, los años de servicio y los aportes jubilatorios acumulados por cada empleado:
Próximos a la edad jubilatoria sin aportes completos: Las mujeres desde los 58 años y hombres desde los 63 sin los 30 años de servicio necesarios podrán optar por cobrar el 60 % de su sueldo bruto mensual durante un máximo de 36 meses o percibir una gratificación en un pago equivalente a un haber bruto por año trabajado.
Con edad y aportes jubilatorios completos: Las mujeres de 58 a 64 años y hombres de 63 a 64 años con 30 años de aportes recibirán una indemnización de hasta 18 remuneraciones fijadas según la antigüedad, sumada a una gratificación extraordinaria de cinco sueldos adicionales.
Personal de menor edad: Las mujeres de hasta 57 años y hombres de hasta 62 recibirán un salario bruto por año de servicio (con un tope de 20 remuneraciones), más un adicional de cuatro o cinco sueldos según si cuentan con menos o más de 15 años de antigüedad en el Estado.
Para acceder al régimen, el decreto fija condiciones estrictas: los interesados no deberán tener procesos penales ni sumarios administrativos pendientes, tendrán que desistir de juicios o reclamos laborales en curso contra el Estado y quedarán inhabilitados para reingresar a la Administración Pública Nacional durante un plazo de ocho años.
Repercusiones y debate sobre el empleo público
Desde el Poder Ejecutivo, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, defendió la iniciativa al señalar que busca optimizar la eficiencia del gasto público y avanzar en la reestructuración del aparato estatal. Asimismo, las autoridades remarcaron que las vacantes de los cargos dados de baja no podrán ser cubiertas nuevamente y que las dependencias conservan la facultad de rechazar las solicitudes si se considera que la salida del agente compromete el funcionamiento del área.
Por su parte, los gremios estatales, encabezados por la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), manifestaron su tajante rechazo a la medida. La conducción sindical argumentó que el plan forma parte de una política de ajuste y reducción del empleo público, y advirtió sobre el impacto del régimen en la pérdida de personal calificado dentro de las dependencias gubernamentales.
Fuente: Rafaela Noticias
