Se trata de un avance en el proceso de transformación del sector impulsado desde la Ley de Bases, que declaró a Intercargo sujeta a privatización y habilitó la venta del 100% de su paquete accionario.
El proceso se realizará mediante una licitación pública nacional e internacional, abierta y competitiva, que garantizará la máxima transparencia y concurrencia de oferentes.
En paralelo, el avance en la desregulación del sector aerocomercial, a través de la modificación y eliminación de más de 30 normativas y procedimientos obsoletos, algunos con más de 50 años de antigüedad, transformó el esquema histórico del sector que limitaba la competencia y el ingreso de nuevos operadores.
Estas reformas permitieron modernizar el marco regulatorio, abrir el mercado aerocomercial y mejorar la competitividad, impulsando al mismo tiempo el turismo, las economías regionales y el acceso a la inversión privada.
En este contexto, la política de Cielos Abiertos promovida por el Gobierno Nacional fomentó la libre competencia, eliminando restricciones y favoreciendo el ingreso de nuevas empresas al sistema.
Así, se incorporaron 11 nuevos prestadores de servicios de asistencia en tierra, en un mercado que antes era monopólico. De ellos, cuatro ya operan en distintos aeropuertos del país. De este modo, se deja atrás un modelo cerrado para avanzar hacia un sistema más competitivo, eficiente y con mejores estándares de servicio.
Intercargo, creada en 1961 y convertida en operador exclusivo de rampa desde 1990, presta actualmente servicios en 16 aeropuertos del país y cuenta con más de 1.500 empleados. Su privatización se inscribe en este cambio de paradigma: el Estado deja de operar directamente para concentrarse en regular, supervisar y garantizar condiciones de competencia.
En este nuevo escenario, la privatización permitirá:
Incorporar inversiones privadas para modernizar equipos e infraestructuraMejorar la calidad y eficiencia del servicio en tierraReducir costos operativos en un contexto de mayor competenciaAlinear el funcionamiento del sistema argentino con estándares internacionales.
Además, permitirá corregir distorsiones acumuladas durante años en el esquema operativo y tarifario, y dejar atrás un modelo que requería asistencia estatal para sostener su funcionamiento.
El documento puede ser consultado por los interesados en CONTRAT.AR, la plataforma oficial de contrataciones del Estado, donde se encuentran disponibles los detalles del proceso, requisitos de participación y cronograma correspondiente, que fija el 7 de mayo como fecha límite para la recepción de ofertas.
La venta se realiza bajo la modalidad de empresa en marcha e incluye:
La transferencia integral de la compañía, abarcando la totalidad de sus activos.La salida total del Estado Nacional de su participación societaria, sin reserva de acciones ni presencia en el directorio.La continuidad de la empresa como unidad operativa, manteniendo sus contratos, licencias y funcionamiento en los distintos aeropuertos donde presta servicio.
Esta medida consolida un cambio estructural en el sector aerocomercial y profundiza la apertura del mercado, en un contexto donde ya se habilitó la competencia entre prestadores. En ese marco, reafirma una política clara: el Estado deja de ser empresario para concentrarse en garantizar reglas de juego claras, promover la libertad económica y generar condiciones para la inversión privada.
