La Cámara de Diputados fue convocada a una sesión especial impulsada por sectores opositores para intentar rechazar el decreto firmado por Javier Milei; sin embargo, los bloques parlamentarios admiten que enfrentan serias dificultades para reunir los 129 presentes necesarios. La estrategia del oficialismo, los movimientos judiciales recientes y el reordenamiento de la agenda legislativa restaron respaldos a la convocatoria.
La Cámara baja afronta una jornada parlamentaria clave en la que diversos bloques opositores buscan avanzar con la derogación del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023. El temario previsto también contempla la prórroga de la emergencia en discapacidad y medidas orientadas a aliviar el endeudamiento de las familias. No obstante, las proyecciones realizadas en la previa sitúan la asistencia estimada de legisladores entre 120 y 123, una cifra insuficiente para habilitar formalmente el inicio del debate en el recinto.
Las complicaciones para la oposición se profundizaron a partir de una serie de factores políticos y judiciales. Entre ellos se destaca la reciente resolución de la Corte Suprema de Justicia que suspendió provisionalmente los efectos del artículo 154 del decreto, vinculado a la Ley de Tierras Rurales. Paralelamente, el oficialismo impulsó iniciativas legislativas alternativas en comisiones para restablecer la vigencia de esa normativa, debilitando el argumento de un rechazo integral del paquete de desregulaciones económicas.
Asimismo, la fijación de una nueva fecha de sesión para el próximo 21 de octubre —con ejes de interés para los bloques dialoguistas— redujo los incentivos políticos para acompañar la apertura del recinto en la jornada de hoy. Mientras los sectores impulsores intentan sesionar y exponer a quienes respaldan el decreto, el oficialismo mantiene negociaciones con gobernadores y aliados estratégicos para blindar la norma y evitar que el Congreso concrete su rechazo definitivo.
Fuente: Rafaela Noticias
