La situación del sector de la discapacidad continúa generando preocupación entre profesionales, instituciones y familias. En este marco, se impulsa el pedido para extender la Ley de Emergencia en Discapacidad hasta el 31 de diciembre de 2027, con el objetivo de sostener las medidas previstas y avanzar en la regularización de distintos aspectos que, según advierten desde el sector, todavía no fueron resueltos.
El kinesiólogo y profesional de salud especializado en personas con discapacidad, Marcelo Gieco, explicó que uno de los principales problemas está relacionado con la actualización de los aranceles. Según indicó, la emergencia no logró compensar el atraso que ya existía al momento de su implementación.
“Lo que se está reconociendo son algunos puntos, como por ejemplo la actualización de aranceles por IPC, pero sobre los aranceles que había, no con la actualización del 40%”, señaló. Y agregó: “Los aranceles están atrasadísimos y es muy difícil llevar a cabo esto”.
A esta situación se suman las demoras en los pagos de obras sociales, prepagas y programas estatales, una problemática que tuvo un fuerte impacto durante agosto. “Justamente los pagos están demorados y lo que está demorado también es de obras sociales y prepagas”, explicó Gieco, quien sostuvo que las dificultades administrativas terminaron profundizando la cadena de pagos.
Una prórroga para continuar con los reclamos
En este contexto, representantes del sector buscan que el Congreso avance con la extensión de la emergencia hasta fines de 2027. Para Gieco, la medida resulta necesaria porque todavía existen numerosos puntos pendientes. “Es necesario que haya una prórroga porque si se corta en este momento la ley este año, otra vez vamos a quedar atrasadísimos y sin beneficios”, afirmó.
El profesional remarcó que la convocatoria reúne a instituciones, empresas de transporte y familias, entre otros sectores, con el objetivo de llevar el reclamo al Congreso y lograr que sea tratado en las comisiones. “Esta prórroga tendría que salir automáticamente, puede ser a través también del Ejecutivo, pero sabemos que eso no va a pasar. Entonces la fuerza es para que los diputados, a través de las comisiones, den la cantidad de votos necesarios para que esto se pueda realizar”, sostuvo.
“Los costos están lejísimos de lo que se paga”
Otro de los puntos cuestionados por Gieco es la falta de actualización de los valores de las prestaciones en relación con los costos reales que deben afrontar los profesionales y las instituciones. “Lejísimo, lejísimo”, respondió al ser consultado sobre la distancia entre los aranceles actuales y el costo real de las prestaciones.
En ese sentido, explicó que históricamente se analizaban los costos y se establecían parámetros para determinar valores razonables. Sin embargo, sostuvo que ese mecanismo dejó de funcionar adecuadamente y que el atraso acumulado terminó impactando sobre la calidad y sostenibilidad de las prestaciones.
“Al no realizarse la evaluación de los costos y que cuando surgió la ley de emergencia no se actualizó este 40% que había de déficit en las prestaciones, estamos muy atrasados”, afirmó.
El impacto también alcanza a la formación de los profesionales. Gieco señaló que las capacitaciones y especializaciones necesarias para trabajar en discapacidad tienen costos elevados, muchas veces expresados en dólares, lo que dificulta el acceso.
“Entonces pasa esto: se precariza la atención, se disminuye el tiempo y es lo que está surgiendo por una necesidad en los consultorios. Hay mucha menos gente que hoy se dedica a esta especialidad”, advirtió.
Entrevista completa:
Fuente: Rafaela Noticias
