El reciente crimen del adolescente Jeremías Monzón volvió a poner en el centro del debate el modo en que la Justicia aborda los delitos cometidos por menores de edad. En ese contexto, la abogada penalista Mariana Oroño brindó precisiones sobre el nuevo Código Procesal Penal Juvenil que rige en la provincia de Santa Fe desde junio de este año.
Oroño aclaró que, para comprender el funcionamiento del sistema, es clave diferenciar entre el régimen nacional y el provincial. A nivel nacional, la responsabilidad penal de los menores está regulada por leyes que establecen que solo son punibles quienes tienen 16 años o más y en casos de delitos cuya pena supere los dos años de prisión. Los menores de esa edad no pueden ser penalmente responsables.
En paralelo, el Código Procesal Penal Juvenil de Santa Fe define cómo se desarrollan los procedimientos judiciales y qué medidas se adoptan frente a hechos cometidos por menores. Según explicó la especialista, los adolescentes de entre 16 y 18 años pueden ser imputados y quedar alojados en instituciones especializadas, con regímenes abiertos, semiabiertos o cerrados, en lugar de cárceles comunes.
En cambio, los menores de 16 años no son imputables y no pueden recibir una condena penal, ni ahora ni al alcanzar la mayoría de edad. En estos casos, la normativa prevé medidas de protección y abordajes de justicia restaurativa, que pueden incluir el alojamiento en instituciones específicas, pero sin un proceso penal ni una declaración de culpabilidad.
La abogada remarcó que el nuevo sistema juvenil adoptó el modelo acusatorio, similar al que rige para adultos en la provincia, lo que implica un cambio profundo respecto del esquema anterior. Sin embargo, advirtió que aún queda mucho camino por recorrer para lograr un abordaje integral que contemple no solo la respuesta judicial, sino también la dimensión social y educativa de los jóvenes involucrados.
Finalmente, Oroño señaló que la responsabilidad penal es siempre personal y que la ley no contempla sanciones para los padres por los delitos cometidos por sus hijos. En un escenario de creciente criminalidad juvenil, sostuvo que Santa Fe está dando los primeros pasos para crear instituciones y equipos especializados, aunque reconoció que todavía no existen herramientas suficientes para proteger plenamente a la sociedad y, al mismo tiempo, garantizar una verdadera reinserción de los menores.
