La tensión entre el Ejecutivo local y los referentes de la Libertad Avanza sumó un nuevo capítulo. Tras las quejas del secretario de Desarrollo Humano, Hugo Morel, en una nota con Rafaela Noticias por el corte de fondos nacionales para alimentos, Bryan J. Mayer salió al cruce con una postura tajante: el Gobierno Nacional no enviará dinero para que sea administrado por los municipios.
El fin de la intermediación
Mayer fundamentó la decisión de la gestión de Javier Milei en la necesidad de eliminar intermediarios. Para el referente local, la asistencia social no ha desaparecido, sino que cambió de manos: «El gobierno nacional entrega la ayuda de manera directa a los ciudadanos», explicó, citando la vigencia de la AUH, el plan de los mil días y el apoyo escolar, entre otros programas que llegan al bolsillo del beneficiario sin pasar por las arcas municipales.
En una de sus frases más picantes, Mayer disparó contra la lógica de gestión local: «El gobierno nacional no va a derivar fondos para que después un municipio los administre y se saque la foto con la entrega».
Superávit y transparencia bajo la lupa
La respuesta de Mayer no solo fue defensiva, sino que también incluyó críticas a la economía de la ciudad. Aseguró que Rafaela goza de superávit y un incremento en su recaudación, herramientas que —según él— deberían ser suficientes para que la gestión de Leonardo Viotti afronte la demanda alimentaria sin depender de Nación.
Asimismo, propuso un cambio de paradigma en la entrega de mercadería: abandonar los «esquemas cerrados» por un sistema de vouchers con trazabilidad, donde el sector privado tenga participación y el vecino pueda elegir qué comprar. «La transparencia también es parte de la discusión», señaló, sembrando dudas sobre los mecanismos de compra de insumos a nivel local.
El rol de ANSES
Para finalizar, el referente libertario instó a los rafaelinos que necesiten asistencia a acudir a las oficinas de ANSES, remarcando que el Estado Nacional está presente de 8 a 14 hs. con personal capacitado para resolver trámites y garantizar que las prestaciones lleguen a quienes realmente las necesitan, reforzando la idea de que «la asistencia es para la gente, no para la política».
