El juicio oral por la causa Spaggiari continúa exponiendo las historias de quienes confiaron sus ahorros al grupo empresarial y terminaron sin poder recuperar el dinero. En una nueva jornada, un empleado del laboratorio de una empresa alimenticia relató ante el tribunal cómo comenzó su vínculo con la firma, por qué decidió invertir junto con su esposa y de qué manera la situación se fue complicando hasta llegar a los reclamos judiciales.
El testigo explicó que la relación comenzó en julio de 2021, cuando su esposa, firmó el primer contrato. Se trataba de los ahorros más importantes que tenía la pareja, quien también declaró en el juicio.
Según contó, llegaron a la inmobiliaria por conocidos que tenían dinero invertido y cobraban los intereses mensualmente. La primera reunión fue con la madre de los empresarios, quien les transmitió confianza y hasta les explicó cómo debían confeccionar los contratos para que, ante una eventualidad, sus familiares pudieran quedar como beneficiarios. “Nos convenció totalmente”, resumió al recordar aquella conversación.
El testigo destacó que la mujer les recomendó incluir a sus hijos y a otros familiares como beneficiarios, con el argumento de que la empresa no se quedaba con el dinero. También les habló de las actividades comerciales que desarrollaba la familia, entre ellas una fábrica de ladrillos y otra de aberturas. “Nosotros no nos queremos guardar la plata”, recordó que fueron las palabras que le transmitieron.
Tres contratos y un proyecto de construcción que no prosperó
La primera inversión se realizó en julio de 2021 a nombre de su esposa. En octubre de ese año, el hombre sumó un contrato propio y, en enero de 2022, realizó una nueva inversión. La intención era dejar los intereses acumulándose, ya que buscaban incrementar el capital para concretar otros proyectos.
En julio de 2022, durante las vacaciones de invierno, la pareja consultó si el grupo podía utilizar parte de esos fondos para realizar una refacción en su vivienda. Querían construir un quincho y una galería junto a la pileta.
El testigo recordó que, al llegar a la inmobiliaria, fueron atendidos por un hombre al que identificó como Germán Garetto, quien los derivó con el arquitecto de la empresa. El profesional visitó la vivienda para evaluar el trabajo, pero semanas después les comunicó que no podrían concretarlo porque el sistema constructivo que utilizaban no era apto para levantar la obra sobre una medianera.
La pareja decidió entonces continuar con el plan de ahorro y renovar los contratos. Sin embargo, cuando llegó el momento de retirar los intereses y renovar una de las inversiones, comenzaron las dificultades.
En octubre de 2022, el hombre fue a la inmobiliaria para solicitar parte de los intereses que le adeudaban y renovar un contrato que había realizado un año antes. La respuesta fue que no tenían el dinero disponible y que debían hablar con Fernando Spaggiari.
Según relató, su esposa logró comunicarse telefónicamente con él y recibió la promesa de que les entregarían el dinero cuando estuviera disponible. Pasaron los días, pero los pagos no se concretaron.
Las comunicaciones se volvieron cada vez más difíciles. En un momento, les indicaron que debían dirigirse a los abogados de la empresa.
El testigo contó que tuvo una primera reunión con uno de los letrados, pero no quedó conforme con el trato recibido. Por ese motivo, pidió una nueva entrevista con otro abogado, con quien finalmente avanzaron en la posibilidad de refinanciar los contratos.
El crucero que tuvieron que cancelar y los dólares que quedaron pendientes
Uno de los aspectos más significativos de su declaración estuvo relacionado con un viaje que la pareja había planeado realizar. Los intereses de las inversiones estaban destinados a financiar un crucero. Necesitaban disponer de ese dinero para pagar el adelanto y, según contó, durante las conversaciones con la empresa les aseguraron que iban a recibirlo.
Sin embargo, hacia fines de 2022, cuando la falta de pagos ya era de público conocimiento en Rafaela, mantuvieron una reunión en una oficina de calle Ayacucho con integrantes del grupo empresarial. En ese encuentro, según declaró, les reconocieron que existían problemas económicos y les dijeron que no podrían entregarles el dinero. “Me dijeron que no me iban a dar la plata”, recordó.
Ante esa situación, decidió cancelar el crucero. La devolución del viaje tuvo una penalización de 674 dólares, un importe que, según sostuvo, la empresa también reconoció.
El hombre explicó que, durante una nueva refinanciación realizada con intervención de un abogado, quedaron asentados los valores de los contratos originales, los intereses que no habían cobrado y la penalización por la cancelación del viaje. No obstante, cuando avanzó el proceso concursal, la sindicatura solamente le reconoció los valores nominales de los contratos originales.
El testigo detalló que tenía contratos por 11.000, 2.500 y 3.500 dólares. A esos importes se sumaban 1.575 dólares en intereses impagos y los 674 dólares correspondientes a la penalización del crucero. Según explicó, esos últimos conceptos habían sido reconocidos por la empresa en la refinanciación, pero no fueron computados por la sindicatura.
La diferencia entre lo que le habían reconocido en la refinanciación y lo que finalmente se le computó en la quiebra fue uno de los puntos centrales de su declaración.
“Antes de tenerla guardada en una caja de zapatos”
Al ser consultado sobre qué lo había convencido de invertir, el testigo volvió sobre aquella primera reunión y sobre la confianza que le generaban los antecedentes de la inmobiliaria y las actividades comerciales que, según les habían explicado, desarrollaba la familia. También recordó que conocían a personas que cobraban los intereses mensualmente. Esa experiencia cercana influyó en la decisión de entregar sus ahorros.
El hombre explicó que no buscaba obtener una ganancia extraordinaria, sino incrementar el dinero que había reunido con su trabajo. Dijo que era profesional, que tenía un título universitario y que, aun trabajando, no podía generar por sus propios medios un ingreso en dólares equivalente al rendimiento que le ofrecían.
Además, contó que un familiar había sufrido un robo en su vivienda y que le habían sustraído dólares que guardaba en un escondite. Ese antecedente también pesó en su decisión de buscar otra alternativa para proteger sus ahorros. “Antes de tenerla guardada en una caja de zapatos en mi casa, donde no me daba nada, me habían convencido”, expresó al explicar por qué había confiado en la propuesta.
El testigo aclaró que nunca había retirado los intereses de sus inversiones. Su intención era acumularlos para aumentar el capital y poder disponer de una suma mayor más adelante. “Yo ahorraba la plata y se la di. Era tener un ahorro, generar más intereses y si yo tengo 10, mañana voy a tener 15, que yo no podría haber tenido 15”, explicó. También señaló que la confianza se había sostenido en la experiencia de sus conocidos, quienes durante un tiempo cobraron los intereses de manera regular.
La defensa dejó constancia del reconocimiento de los intereses
Sobre el final, el testigo fue consultado acerca del impacto que tuvo la situación en su vida personal. Aclaró que no había destinado el dinero a una necesidad urgente, como una enfermedad o una celebración familiar, sino a un proyecto de ahorro que esperaba hacer crecer con el tiempo.
La pérdida, explicó, estuvo vinculada con la imposibilidad de disponer del dinero que había reunido y con la frustración de un objetivo que había planificado junto con su esposa. Después de su declaración, la defensa intervino para dejar constancia de que, según manifestó, la empresa reconocía los intereses y la penalización mencionados por el testigo.
El abogado Abraham sostuvo que esos conceptos habían sido contabilizados por la firma, pero que la sindicatura no los había advertido. Además, se comprometió a analizar si era posible realizar alguna gestión para que fueran considerados.
Fuente: Rafaela Noticias
