Este martes el Concejo rafaelino trató en comisión el proyecto presentado un año atrás por la Dra. Brenda Vimo (Juntos) para la redefinición del límite agronómico en 1000mts, impidiendo la utilización de fitosanitarios en la zona peri urbana. Sin consensos respecto a esta iniciativa, los ediles acordaron debatirla en la sesión que tendrá lugar el próximo jueves 2 de diciembre, junto a un proyecto alternativo presentado por Lisandro Mársico (PDP) y Lalo Bonino (Cambiemos) y otro que Leonardo Viotti (Cambiemos) dará a conocer en las próximas horas.
A la espera de este último proyecto, Vimo decidió no dar despacho a su propuesta y reingresarla el día de mañana, para evitar así que pierda estado parlamentario. Este miércoles, asimismo, expondrán ante el Legislativo local el Dr. Enrique Marchiaro – abogado especialista en derecho ambiental – y el Ingeniero químico Osvaldo Beldoménico, quien estudia el impacto del uso de fitosanitarios en el medio ambiente.
Cabe recordar que el proyecto para modificar el límite agronómico de 200 a 1000 metros fue presentado por la Dra. Vimo un año atrás, con el apoyo de sus compañeros de banca del bloque Juntos. Entre otros puntos, la iniciativa pretende «fortalecer la salud humana y del ambiente, controlando la utilización y manipulación de productos agroquímicos», así como también garantizar «el derecho a la vida, a un ambiente sano, la alimentación saludable y la producción agropecuaria sustentable».
Además, propone regular la comercialización de los productos agroquímicos, la circulación de los equipos de aplicación y la disposición final de los envases. En las zonas de exclusión, obliga al Ejecutivo a promocionar la producción agroecológica. Entre sus fundamentos, incluye la presentación de estudios respecto al impacto de la aplicación de fitosanitarios en la salud humana y ambiental y un informe emitido por la Sociedad Argentina de Pediatría en 2021, en donde se analiza el impacto de la exposición prolongada de «agrotóxicos» en niños y adolescentes.
Desde la otra parte, argumentan que la aplicación de las denominadas Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) permiten controlar la deriva final de los fitosanitarios y reducir su impacto tanto en la salud como en el ambiente.