La Legislatura de Santa Fe avanzó con un proyecto que busca endurecer los controles y establecer consecuencias concretas para quienes incumplan con el pago de la cuota alimentaria. La iniciativa obtuvo media sanción por unanimidad en la Cámara de Diputados y ahora deberá ser tratada por el Senado provincial.
La diputada socialista Lionella Cattalini explicó que la propuesta surgió de la unificación de nueve proyectos presentados por distintos bloques políticos, luego de varios meses de trabajo. Según señaló, la normativa vigente desde 2001 había quedado desactualizada y no lograba los resultados esperados.
“Nos dimos cuenta de que no estaba sirviendo porque no se estaban anotando las personas que incumplían la cuota alimentaria, porque no tenía sanciones”, sostuvo la legisladora, quien destacó el consenso alcanzado para avanzar con una regulación que tenga efectos concretos. En ese sentido, remarcó que el objetivo central es garantizar el cumplimiento de un derecho fundamental. “Esto no es una cuestión de la mujer o una cuestión de pareja, esto es el presente y el futuro de niñas y niños”, afirmó.
Las sanciones para los deudores alimentarios
Entre los principales puntos del proyecto se encuentra la creación de un registro único e interoperable, destinado a reunir información sobre los deudores y facilitar la aplicación de las medidas judiciales correspondientes. Según detalló Cattalini, una persona será considerada deudora alimentaria morosa a partir del segundo incumplimiento de la cuota. En tanto, desde el sexto incumplimiento, aunque no sea consecutivo, la situación será considerada agravada.
La iniciativa contempla distintas restricciones para quienes adeuden cuotas alimentarias, entre ellas la imposibilidad de ingresar a estadios deportivos, casinos y lugares de apuestas. También prevé limitaciones para recibir premios, acceder a determinados beneficios tributarios, vender sociedades y bienes muebles, así como para postularse a cargos electivos o ejercer funciones públicas.
La diputada aclaró que las sanciones deberán ser dispuestas por un juez y que todavía resta avanzar con la reglamentación para establecer cómo se implementará cada medida.“El registro va a ser público, entonces todo el mundo va a saber”, explicó Cattalini. Como ejemplo, mencionó que los controles de identidad en los accesos a los partidos de fútbol podrían permitir detectar a quienes tengan restricciones vigentes.
Información sobre los ingresos y una cuestión cultural
Otro de los aspectos centrales del proyecto es mejorar el acceso a información sobre la situación económica de los deudores, incluso cuando trabajan de manera informal o están inscriptos como monotributistas. En ese marco, Cattalini señaló que el registro buscará reunir datos sobre altas y bajas laborales, cambios salariales y situación fiscal, para que los jueces cuenten con más herramientas al momento de determinar las obligaciones alimentarias.
Además, explicó que, cuando resulte imposible establecer los ingresos de una persona para fijar una cuota provisoria, se contempla utilizar como referencia la canasta básica de alimentos elaborada por el INDEC.
Para la legisladora, sin embargo, el problema no se limita a las herramientas legales disponibles. “A mí me parece que estamos hablando ya de una cuestión que es hasta cultural. Creo que eso es lo más grave”, expresó. Y agregó: “Algo se rompió entre las parejas, pero no con los hijos”. En esa línea, consideró que también es necesario trabajar en la educación y la concientización sobre la responsabilidad de los adultos en la crianza.
Finalmente, Catalini manifestó su expectativa de que el Senado provincial trate la iniciativa con rapidez y la convierta en ley. “Es una ley que salió por unanimidad en la Cámara de Diputados, que se trabajó mucho, que tuvo el apoyo del Poder Ejecutivo y que además toca un tema muy sensible”, concluyó.
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Fuente: Rafaela Noticias
