El esquema delineado por el Ejecutivo aspira a transferir activos para captar USD 800 millones en una instancia inicial, sumados a otros USD 1.500 millones durante el año que viene. El objetivo central es robustecer las reservas del Banco Central frente a compromisos de deuda externa.
El proceso más adelantado bajo la administración de Javier Milei es el de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA). El conglomerado conformado por Rowing, Arcos Saneamento, Transclor y PHX ofertó USD 340,2 millones por el 90% de las acciones estatales.
Esta propuesta económica logró superar los USD 285 millones que había planteado el grupo Roggio. La operación fija un plazo de 30 años de concesión, con opciones de prórroga, y estipula más de USD 2.000 millones en inversiones para ampliar cloacas y redes de agua en el Área Metropolitana de Buenos Aires.
Concesiones logísticas y de transporte
La apertura de licitaciones para el sistema ferroviario de cargas está programada para el 11 de noviembre de 2026. Abarcará 7.594 kilómetros de las líneas Belgrano Cargas, San Martín y Urquiza, distribuidos a lo largo de 16 provincias mediante un contrato a 50 años.
Este proyecto captó la atención del Grupo México Transportes, empresas cerealeras y el grupo Roggio, ya que la red resulta fundamental para abaratar costos en sectores clave como la agroindustria, la minería de litio y Vaca Muerta.
En materia vial, el traspaso incluirá la concesión por peajes de 9.000 kilómetros de rutas nacionales divididos en 16 tramos por un plazo de 20 años, eliminando subsidios. En paralelo, el consorcio de Jan de Nul y Servimagnus ya obtuvo la concesión por 25 años de la Hidrovía Paraná-Paraguay.
Obras eléctricas y empresas energéticas
El tercer eje oficial está en el sector energético. El 14 de diciembre de 2026 se conocerán las ofertas para AMBA I, un plan de infraestructura de alta tensión en Buenos Aires que demandará USD 1.100 millones. Empresas como Transener y Central Puerto se perfilan para la adjudicación, que será otorgada a la tarifa más baja ofrecida.
Al día siguiente, el 15 de diciembre, caducan los contratos de centrales hidroeléctricas como Los Nihuiles en Mendoza, Futaleufú en Chubut y dos complejos situados en Santiago del Estero. Por concesiones previas en el Comahue, las arcas públicas ya sumaron USD 700 millones.
La política de desprendimiento también autorizó la venta de acciones de Energía Argentina correspondientes a las plantas termoeléctricas Manuel Belgrano y José de San Martín. Asimismo, se planea licitar el 44% de Nucleoeléctrica Argentina, a cargo de Atucha I, Atucha II y Embalse, dejando el 51% en poder del Estado.
Frenos en el sector aerocomercial y estratégico
A contramano de estos sectores, el Ministerio de Economía declaró desierta en julio la privatización de Intercargo. Ningún oferente cumplió con las condiciones para adquirir la prestadora de rampas, cuyo piso se había fijado en USD 45,1 millones. Tras denuncias del gremio aeronáutico, buscarán vender las operaciones aeropuerto por aeropuerto.
El traspaso de Aerolíneas Argentinas continúa vedado luego del rechazo legislativo durante la votación de la Ley Bases en el Congreso.
Respecto a Yacimientos Carboníferos Río Turbio, las leyes actuales fuerzan al Estado a mantener como mínimo el 51% del capital. Finalmente, el equipo económico ratificó que no existe ninguna intención de avanzar sobre una privatización de YPF.
Fuente: Rafaela Noticias
