La Justicia federal dio un nuevo paso en la investigación por presunto lavado de dinero que involucra al exdiputado nacional José Luis Espert. El juez federal Lino Mirabelli lo citó a declaración indagatoria para la próxima semana, en el marco de una causa que analiza movimientos financieros vinculados al empresario Federico “Fred” Machado, condenado en Estados Unidos por delitos de fraude y lavado de activos.
La decisión judicial se produjo luego de que el fiscal federal Fernando Domínguez solicitara formalmente la indagatoria de Espert, de su contador Mariano Cosentino y de representantes de la firma Varianza S.A., señalada en el expediente como una de las estructuras utilizadas en las operaciones bajo investigación.
El foco principal de la causa está puesto en una transferencia de USD 200.000 realizada desde una cuenta en Estados Unidos vinculada a Machado hacia Espert. Los investigadores intentan determinar el origen de esos fondos y si fueron incorporados al circuito económico mediante maniobras de lavado. Además, el expediente analiza posibles vínculos entre ese dinero y el financiamiento de la campaña presidencial que el economista encabezó en 2019.
La investigación también examina otros movimientos patrimoniales y financieros del exlegislador, incluyendo empresas vinculadas a su entorno. En el marco de la causa, la Justicia ya había dispuesto medidas cautelares sobre bienes y activos mientras avanzaban las pericias y el análisis de documentación bancaria y societaria.
Espert sostiene que los fondos recibidos tuvieron un origen lícito y ha rechazado las acusaciones en su contra. Sin embargo, la citación a indagatoria representa una instancia clave del proceso, ya que permitirá al dirigente exponer su versión de los hechos ante el magistrado y responder sobre las operaciones que son objeto de investigación.
La causa adquirió relevancia pública por la figura de Machado, empresario aeronáutico que fue investigado y condenado en Estados Unidos por delitos vinculados al lavado de activos. Los nexos entre ambos y el posible uso de fondos provenientes de actividades ilícitas constituyen el eje central del expediente que ahora ingresa en una nueva etapa judicial.
