La CGT Rafaela dio a conocer una declaración titulada «Una Justicia parcial y direccionada no es Justicia», en la que dio su propia interpretación del pedido de condena y proscripción de Cristina Fernández de Kirchner. Fue en el mismo sentido en que lo hizo la CGT a nivel nacional, al evaluar que existe una persecución en la que «contra unos vale todo y contra otros no alcanza con nada», en referencia a la doble vara con que la justicia federal porteña aborda las causas que involucran a dirigentes políticos en casos de corrupción.
El texto de la declaración es el siguiente:
La Regional Rafaela de la Confedereción General del Trabajo manifiesta su preocupación y alarma ante el rumbo que está adoptando la administración de Justicia en la República Argentina. En primer lugar, hacemos propio el rechazo ya expresado por nuestra entidad madre acerca de la absurda calificaciòn acusatoria aplicada a la expresidenta y actual vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández, a la que se pretende endilgar la figura de jefa de una asociación ilícita, como si un gobierno elegido democráticamente y reelecto por el 54% de los votos de los ciudadanos argentinos pudiera haber sido concebido para delinquir.
Más allá de los nombres propios, lo que nos preocupa como representantes de los trabajadores es que estas acusaciones dejaron de tener el sustento de las pruebas y las garantías del debido proceso, para convertirse claramente en una amenaza a uno de los principios más sagrados que tiene el orden republicano, cual es el de la independencia del Poder Judicial.
Si la persecución penal prevista por las leyes para quienes violen el orden jurídico o cometan actos de corrupción sólo se orienta hacia los dirigentes que representan a un sector político, en este caso el peronismo, nos encontramos ante un retroceso a tiempos oscuros de la institucionalidad argentina.
No es posible que asistamos impasibles a una administración de justicia donde contra unos vale todo y contra otros no alcanza nada. Si un tribunal niega a unos imputados el derecho a la defensa y sistemáticamente rechaza todos y cada uno de los argumentos que se plantean para garantizar un juicio justo e imparcial; pero al mismo tiempo hace la «vista gorda» ante casos de alevoso saqueo del Estado por parte de dirigentes y representantes políticos que comparten con jueces y fiscales tardes de picaditos de fútbol y reuniones sociales, además de innegables intereses partidarios, nos enfrentamos a la realidad de un Poder Judicial cooptado por un sector político que no duda en pisotear derechos y manipular arbitrariamente las leyes para imponer un modelo de país que perjudica a las grandes mayorías.
Un Poder Judicial direccionado a la persecución política y en connivencia con un aparato mediático de formidable alcance en todos los hogares de la Argentina pone en peligro la democracia, agiganta la división del pueblo argentino y se convierte en otra herramienta de dominación sobre los sectores más postergados de la sociedad, trabajadores incluidos. No podemos y no debemos permitirlo.
