La Asociación Civil Rockas Vivas de Rafaela creada a comienzos de este año, quedó en el centro de la polémica luego de que se presentara en la Cámara de Diputados un pedido de informes dirigido al Poder Ejecutivo. La iniciativa, presentada por un legislador provincial, busca conocer en detalle los fundamentos y alcances de la asignación de más de 900 millones de pesos ($924.702.000) a la entidad rafaelina en el marco del programa Redes de Cuidado para trabajar en la prevención de adicciones.
El Ministerio de Igualdad y Desarrollo Humano, dispuso la transferencia de los fondos a través de la Agencia de Prevención del Consumo de Drogas y Tratamiento Integral de las Adicciones (Aprecod). El convenio prevé pagos en doce cuotas mensuales, desde junio de 2025 hasta mayo de 2026, por lo que son 75 millones de pesos por mes los que recibe esta entidad de la ciudad. Para el diputado que presentó el proyecto, lo llamativo es que la asociación fue constituida en marzo de este año y en apenas dos meses accedió a un financiamiento multimillonario. Según destacó, el programa Redes de Cuidado establece como criterios de selección la trayectoria y presencia comunitaria de las organizaciones, algo que en este caso estaría ausente.
«Hay un trasfondo político»
Consultado por RAFAELA NOTICIAS, Carlos Cruzado, titular de la Agencia de Prevención del Consumo de Drogas y Tratamiento Integral de las Adicciones (Aprecod), se desligó del manejo directo de la ONG, aunque no desmintió que la misma podría estar dirigida por una persona de su entorno.
“No, yo no soy titular de Rockas Vivas. No es una fundación, es una asociación civil que se constituyó hace un tiempo y trabaja siempre en torno al tema de adicciones”, aclaró.
El funcionario provincial explicó que el pedido de informes de Diputados no se dirige a la asociación en sí, sino al funcionamiento del programa del gobierno:
“El pedido de informe justamente no es a la asociación civil, sino al trabajo que está haciendo el gobierno a través de la agencia. No es que a la institución se le baja ese dinero, ni mucho menos. Siempre es contraprestación y contra factura. Hay que demostrar un trabajo que se viene haciendo o que se está por hacer”, señaló.
En la misma línea, remarcó que la asociación desarrolla actividades en la ciudad desde hace tiempo: “Lo que están haciendo desde la asociación civil es trabajar mucho en Rafaela. Se hacen charlas de prevención con jóvenes, capacitaciones, y si bien hoy tiene una formalidad, desde hace muchos años se viene trabajando en la problemática de las adicciones”, sostuvo.
Cruzado consideró que la polémica tiene un trasfondo político: “El pedido de informe está en ejecución, se está preparando la respuesta para la Legislatura. No es real que haya una denuncia contra la asociación civil. Creo que estamos en tiempos políticos también, entonces tiene que ver poco con este tema”, expresó.
Carlos Cruzado es referente en Rafaela del Partido UNO, que a nivel provincial lidera el diputado Walter Ghione. En las últimas elecciones fue precandidato a concejal dentro de la interna de Unidos, representando a ese espacio.
Los puntos a esclarecer según el pedido de Informe
El pedido de informes presentado en la Cámara contempla varios aspectos:
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- Que el Ejecutivo explique los fundamentos técnicos y legales que justificaron la asignación a esta ONG.
- Que se detalle la población nominal beneficiaria, con número de personas alcanzadas, localidades de implementación, prestaciones concretas, metodología de trabajo y mecanismos de evaluación.
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- Que se informe qué antecedentes posee Rockas Vivas en tareas sociales o vinculadas a las adicciones, y cuál es la experiencia de sus integrantes en el tema.
- Que la Inspección General de Personas Jurídicas remita el expediente completo de constitución de la asociación.
- Que se aclare cuál es el mecanismo de rendición de fondos y si se limita únicamente a la presentación de facturas.
Un presupuesto en expansión, la duda del diputado
El pedido también pone bajo la lupa el incremento presupuestario de Aprecod. Según la presentación del informe, en 2025 la agencia recibió una partida ocho veces superior a la del año anterior, con el argumento de reforzar la lucha contra las adicciones. Sin embargo, la asignación de recursos a entidades sin trayectoria suficiente genera dudas sobre la transparencia y eficacia de la política pública.
En los fundamentos, el legislador recordó que en meses anteriores ya se habían presentado otros pedidos de informes por asignaciones millonarias a asociaciones con pocos antecedentes. “Esto nos preocupa profundamente, ya que podría configurarse un modus operandi por el cual recursos excepcionales destinados a enfrentar la emergencia en adicciones se canalizan hacia organizaciones sin la debida trayectoria ni solvencia técnica”, señaló.
Transparencia y credibilidad
El planteo de la oposición gira en torno a la necesidad de garantizar criterios claros de selección y control en la utilización de recursos públicos. “Lo que aquí está en juego no es sólo la eficacia de las políticas sociales, sino la credibilidad del Estado en el uso de recursos que pertenecen al conjunto de la ciudadanía”, subraya el pedido de informes en su presentación.
El legislador remarcó que la crisis de adicciones y vulnerabilidad social demanda planificación seria, transparencia y apoyo a instituciones con probada inserción en los territorios, en lugar de lo que describió como “utilización discrecional de fondos públicos que generan sospechas de favoritismos políticos o direccionamiento de recursos”.
