Regulación por niveles y recreos sin pantallas
En el nivel inicial, el uso de celulares por parte de niños y niñas estaría prohibido durante toda la jornada escolar. Para el nivel primario, la prohibición se mantendría en términos generales, aunque se habilita al Ministerio de Educación a autorizar su uso en los dos últimos años del ciclo, exclusivamente con fines pedagógicos.
En el nivel secundario, el proyecto propone permitir la utilización de dispositivos móviles bajo supervisión docente y solo en momentos específicos con fines educativos. Para las instituciones de nivel superior, como tecnicaturas y profesorados, se establece que cada establecimiento pueda definir sus propias normas en los reglamentos internos.
El artículo 10 del proyecto incorpora la propuesta de establecer “recreos libres de pantallas” en los niveles inicial, primario y secundario. La medida busca incentivar la socialización, el descanso y el fortalecimiento de los vínculos entre estudiantes, evitando el uso de dispositivos móviles durante esos momentos.
También se prevé la utilización de celulares como herramienta de apoyo para estudiantes que requieran recursos de accesibilidad. Para ello, el Ministerio de Educación deberá implementar programas de formación docente, elaborar guías destinadas a las familias y garantizar conectividad a internet en todos los establecimientos educativos públicos.
Debate y fundamentos
En los fundamentos del proyecto, Garibaldi señala que la iniciativa se enmarca en el debate actual sobre el impacto de los celulares en el entorno escolar. Se citan informes internacionales como los de la Unesco y el relevamiento Pisa, que alertan sobre los efectos del uso excesivo de tecnología en el aprendizaje. También se hace referencia a un estudio local realizado por el Centro de Estudios DEMOS, según el cual más del 70% de los estudiantes secundarios del departamento La Capital consideran que el uso de celulares perjudica los vínculos interpersonales.
Con esta propuesta, Santa Fe busca alinearse con otras provincias como Mendoza, Neuquén y Salta, y con países como Chile, Brasil y Colombia, que ya han implementado medidas similares en el ámbito educativo.