En el marco de los reiterados hechos de inseguridad registrados en distintos puntos de la ciudad, donde delincuentes utilizan construcciones sin terminar, inmuebles abandonados o terrenos baldíos como refugio, base operativa o lugar para ocultar elementos robados, el Municipio de Rafaela anunció que comenzará a aplicar una ordenanza tributaria vigente que hasta ahora no venía siendo utilizada.
El anuncio fue realizado durante el último Foro de Seguridad, donde se remarcó que este tipo de propiedades, por su estado de abandono o deterioro, terminan favoreciendo situaciones delictivas, usurpaciones y ocupaciones ilegales, generando preocupación entre los vecinos.
Qué establece la ordenanza tributaria
La normativa en cuestión se encuentra contemplada en el Capítulo II – Contribución especial de la Ordenanza Tributaria local.
El artículo 69° dispone que los propietarios de terrenos baldíos y/o inmuebles que se encuentren en determinadas condiciones deberán abonar un adicional con carácter de contribución especial, calculado sobre la base de la Tasa General de Inmuebles. Los fondos recaudados estarán destinados al financiamiento de obras de planeamiento y mantenimiento urbanístico, así como a mobiliario y bienes públicos municipales. La norma también faculta al Departamento Ejecutivo a crear un fondo específico para ese fin.
En tanto, el artículo 69° bis detalla los adicionales aplicables:
Terrenos baldíos:
- Un adicional del 500 % cuando el contribuyente posea más de cuatro lotes.
- Un adicional del 300 % cuando posea entre dos y cuatro lotes.
- En el Parque de Actividades Económicas de Rafaela, el adicional asciende al 1.000 %.
Inmuebles edificados:
Un adicional del 1.000 % para edificios que presenten deterioro, abandono, falta de mantenimiento o condiciones de higiene deficientes, y que puedan representar un riesgo para la seguridad, el orden, la salubridad o la integridad de las personas. La ordenanza incluye en este apartado a construcciones en obra, instalaciones o elementos que no presenten condiciones adecuadas de solidez e integridad.
Este adicional puede ser aplicado de oficio por el Ejecutivo o a partir de denuncias.
Desde el Municipio sostienen que la medida apunta a desalentar el abandono de propiedades y a reducir espacios que hoy son utilizados para cometer delitos, en un contexto de creciente preocupación por la seguridad urbana.
Fuerte rechazo del sector inmobiliario
Sin embargo, desde el sector inmobiliario local ya manifestaron su disconformidad con el anuncio, según pudo saber Rafaela Noticias a partir de consultas realizadas.
Desde ese ámbito calificaron la medida como “abusiva” y cuestionaron el enfoque adoptado por el Ejecutivo. “Nada que favorezca la inversión inmobiliaria, generadora de gran movimiento de dinero genuino que queda y se distribuye en la ciudad, colaborando con el déficit de viviendas. Siempre toman el camino inverso”, señalaron.
Otros referentes del sector indicaron que no hubo instancias de consulta previas y pusieron en duda la efectividad de la medida para resolver el problema de fondo. “Me parece que es querer tapar el sol con los dedos, porque las propiedades que están desocupadas no son el problema. El problema es la gente en situación de calle”, afirmaron.
En ese sentido, explicaron que multar a los propietarios no evitará las ocupaciones ni los hechos de inseguridad: “Por más que multen al propietario, la gente se va a seguir quedando y eso va a agravar el problema de los inmuebles céntricos, que muchas veces tienen poca rentabilidad o no pueden ser desarrollados por las múltiples restricciones”.
Además, remarcaron que existen situaciones complejas que exceden la voluntad de los dueños. “Algunos inmuebles quedan abandonados porque tienen problemas legales, están en sucesión o directamente no pueden ser intervenidos. Bajo ningún punto de vista es parte de la solución multar al propietario”, sostuvieron.
Desde el sector insistieron en que el fenómeno tiene un trasfondo social y que debería abordarse con políticas de contención para las personas en situación de calle, desvinculando esa problemática de la responsabilidad de los propietarios.
Mientras tanto, el Municipio ratificó su decisión de avanzar con la aplicación de la ordenanza, en un debate que promete seguir sumando voces y tensiones entre seguridad, urbanismo e inversión privada en la ciudad.
