El juez de Investigación Penal preparatoria, Dr. Gustavo Bumaguin, dispuso aplicar la prisión preventiva a tres de los cuatro acusados de haber participado -en la noche del pasado 11 de mayo- de un intento de asalto a una vivienda ubicada en calle Palmira Reale de Arcos. El restante implicado quedó sujeto a medidas alternativas, pero recuperará su libertad en razón de que no posee antecedentes condenatorios.
Los participantes
Los integrantes del grupo que actuó aquella noche fueron Jonatan C., de 28 años y Emanuel S., de 29, ambos de Rafaela y sin antecedentes condenatorios; y Franco Jair L., de 27 años, y Facundo Antonio M., de 25 años, ambos residentes en Córdoba capital, y los dos con antecedentes condenatorios por robos calificados en la provincia de la que provienen. A los cuatro, el fiscal Loyola les endilgó la calificación jurídica de coautores de robo doblemente calificado por ser cometido en poblado y en banda, y por mediar escalamiento, en grado de tentativa. Con excepción de Emanuel S., todos los demás quedaron en prisión preventiva, según lo dispuesto por Bumaguin.
En el caso del primero de los nombrados, fue imputado además por otros dos hechos anteriores al intento de asalto a la vivienda de la zona suroeste, ya que también fue acusado de amenazas leves y lesiones simples agravadas por el vínculo y por mediar violencia de género; así como robo calificado y desobediencia a mandatos legales, por haber violado una restricción de acercamiento. Todos estos hechos en perjuicio de su exconcubina, madre de los tres hijos de la pareja.
La entradera que no pudo ser
Según se sostuvo en la audiencia, en la noche del 11 de mayo dos de los sujetos acusados rompieron una ventana e intentaron acceder a una vivienda de calle Palmira Reale de Arco en donde se encontraba una mujer con sus dos pequeñas hijas. Eran cerca de las 21.30 de ese día y la mujer se aprestaba a descansar, cuando percibió ruidos que provenían de una dependencia que comunica con el garage de la vivienda. Al ir hacia el sitio, comprobó que los asaltantes intentaban ingresar, por lo que rápidamente se encerró con llave y comenzó a gritarles a los hombres que estaba llamando a la policía, cosa que efectivamente hizo: se comunicó con la GUR, la policía y con su empleada doméstica, quien también llegó rápidamente a la casa por hallarse en las cercanías.
Fue esta empleada la que logró ver a los sujetos que escapaban en un automóvil VW Fox por Palmira Reale de Arcos hacia Santos Dumont y de allí hacia el Norte, por lo que alertó a la GUR sobre el recorrido de los fugitivos y desde allí se radiaron las comunicaciones a patrullas policiales.
Los individuos fueron finalmente detenidos cuando intentaban huir por ruta 70 y colisionaron contra un montículo de tierra de la obra que hay frente al CRAR. Los pudieron hallar aunque se internaron en el campo gracias a que la GUR cuenta con un drone de visión nocturna y sensores infrarrojos, que fue puesto en vuelo por el jefe de la GUR, Gabriel Fernández, y que fue detallando la ubicación de los sujetos desde el aire.
La resolución
Luego de la descripción de los hechos que efectuó, el fiscal Guillermo Loyola reveló que los sujetos que intentaron la entradera tenían en el automóvil -el cual tenía las patentes adulteradas- diversas herramientas que les hubieran permitido forzar puertas y eventualmente cometer otros delitos.
Tras señalar la justificación de las calificaciones penales endilgadas a los acusados, Loyola sostuvo las argumentaciones para defender el pedido de prisión preventiva para los cuatro implicados, entre los cuales citó los antecedentes de los cordobeses, el hecho de que «han venido a Rafaela directamente para cometer delitos» y que, si el asalto quedó en grado de tentativa, se debió al accionar de la víctima.
Los imputados fueron asistidos legalmente por los doctores Carlos Farías Demaldé y José María Silvela. El primero de los nombrados expuso sus argumentos para rechazar el pedido de prisión preventiva, aunque admitió que «sería utópico sostener que los cuatro no hayan participado del hecho. Damos por acreditado que hay elementos de convicción suficientes» para considerar la materialidad del hecho, dijo. No obstante, apuntó que debía valorarse que «el delito no fue consumado, no se usaron armas, no hubo ejercicio físico ni amenazas sobre ninguna persona y que el daño ocasionado en la abertura de la ventana es mínimo y puede ser resarcido con una reparación económica a la víctima». Ese delito «tiene una pena mínima de un año y seis meses, por lo cual sería de cumplimiento condicional». También negó que pudieran existir riesgos procesales: «no hay posibiidades de que puedan perturbar lo que resta de la investigación».
Finalmente, los cuatro imputados hicieron uso de la palabra. Todos admitieron su responsabilidad, pidieron perdón a las víctimas y se mostraron arrepentidos de lo que hicieron, pero en definitiva Bumaguin resolvió dejarlos en prisión, con la excepción de Emanuel S., a quien dejó en libertad con medidas alternativas a la preventiva, dado que no posee antecedentes y su participación se limitó a estar en el auto. Contra lo habitual en este tipo de audiencias, en que los argumentos del juez no son explicitados en el momento, Bumaguin habló durante más de media hora para fundamentar su resolución.
