El presidente Javier Milei tiene previsto firmar en los próximos días un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) para formalizar la salida de Argentina de la Organización Mundial de la Salud (OMS), en línea con la decisión adoptada por Estados Unidos. Sin embargo, aunque la medida entraría en vigencia de inmediato, deberá ser tratada en el Congreso, donde el oficialismo no cuenta con una mayoría asegurada para evitar su rechazo.
El marco legal y las advertencias constitucionales
La adhesión de Argentina a la OMS se formalizó en 1948 a través de la Ley N° 13.211, que ratificó la constitución del organismo y el protocolo de la Oficina Internacional de Higiene Pública. Según fuentes de la Casa Rosada, bastaría con un DNU para derogar esa norma y concretar la desvinculación. No obstante, especialistas en derecho constitucional advierten que, al tratarse de un acuerdo internacional, su revocación está sujeta a lo establecido en la Constitución Nacional.
El artículo 75, inciso 22, de la Carta Magna señala que los tratados y concordatos tienen jerarquía superior a las leyes, lo que implica un proceso más complejo para su anulación. En este sentido, el Poder Ejecutivo debe notificar su intención de salida y obtener la aprobación de las dos terceras partes de cada Cámara.
El abogado Andrés Gil Domínguez explicó que la constitución de la OMS no contempla expresamente la posibilidad de denuncia por parte de un Estado miembro, pero que, en caso de interpretarse que el retiro está implícitamente permitido, bastaría con una mayoría simple en el Congreso y la desvinculación se haría efectiva un año después de la notificación.
Posturas divididas en el Congreso
En el Congreso, el escenario es incierto para el oficialismo. En la Cámara de Diputados, el bloque de la UCR, liderado por Rodrigo De Loredo, aún no ha fijado postura y se reunirá para evaluar el texto del DNU. En el Senado, la situación es más compleja, dado que el radical Martín Lousteau, crítico del Gobierno, encabeza el espacio y ha votado en contra de otras iniciativas del Ejecutivo.
La UCR ya expresó su rechazo a la medida a través de un comunicado en el que exigió que el Congreso trate el tema con urgencia. En el PRO, aún no hay una postura definida, aunque el ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, manifestó su oposición. En tanto, la diputada Margarita Stolbizer presentó un proyecto para solicitar la revisión y reversión de la decisión, argumentando que la pertenencia a la OMS permite el acceso a conocimientos e investigaciones clave en salud pública.
