El presidente Javier Milei sorprendió al anunciar la designación de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla como jueces de la Corte Suprema de Justicia mediante un decreto, lo que ha generado un fuerte debate en el ámbito político y judicial. La decisión del mandatario ha sido cuestionada por especialistas en derecho constitucional, quienes argumentan que el mecanismo utilizado podría contravenir el proceso establecido en la Constitución Nacional.
Según el artículo 99, inciso 4, de la Constitución, los jueces de la Corte Suprema deben ser designados por el Poder Ejecutivo con acuerdo del Senado, en un proceso que incluye audiencias públicas y el aval de dos tercios de los senadores presentes. Sin embargo, el gobierno de Milei sostiene que la situación excepcional del país justifica la medida y que el decreto es un recurso válido dentro del marco normativo vigente.
Diferentes juristas han expresado posturas encontradas. Mientras algunos sostienen que el decreto sienta un peligroso precedente al evitar la discusión parlamentaria, otros consideran que se trata de una maniobra dentro de las atribuciones del Poder Ejecutivo. En tanto, desde la oposición han calificado la decisión como un «avasallamiento institucional» y han anticipado acciones legales para frenar la designación.
Ariel Lijo es un juez federal con una trayectoria destacada en causas de alto impacto político, mientras que Manuel García-Mansilla es un reconocido académico en derecho constitucional. Su posible llegada a la Corte podría modificar el equilibrio de fuerzas dentro del máximo tribunal, lo que añade más tensión al escenario político.
En medio de este contexto, diversas organizaciones han convocado a movilizaciones en rechazo a la medida, mientras que el oficialismo defiende la necesidad de avanzar en la renovación del Poder Judicial sin demoras. La controversia promete escalar en los próximos días y podría desembocar en una disputa legal que defina el alcance de los poderes del Ejecutivo en materia de designación de jueces.
