El ministro de Justicia y Seguridad de la Provincia de Santa Fe, Pablo Cococcioni, supervisó este jueves el derribo de un puesto de venta de estupefacientes en calle 96, entre calle 9 y 11, en la ciudad de Frontera. En el lugar no vivía ninguna familia sino que era utilizado exclusivamente para la venta y consumo de estupefacientes.
La medida fue dispuesta por la Justicia en el marco de una causa por microtráfico priorizada por el Equipo de Microtráfico de la Fiscalía General, que encabeza Franco Carbone; y solicitada por el fiscal Carlos Vottero, quienes estuvieron presentes en el lugar junto a la secretaria de Gestión Institucional del Ministerio de Justicia y Seguridad, Virginia Coudannes; y al subsecretario de Análisis Criminal de la provincia, Sebastián Montenotte, entre otros funcionarios.
Política de Estado
Al respecto, Montenotte destacó que este operativo “es el cuarto derribo en la ciudad de Frontera, en el marco de una política de Estado que tiene que ver con el trabajo mancomunado, entre el MPA, el Ministerio de Seguridad, la PDI y las fuerzas de seguridad; y que contó con acompañamiento Legislativo” cuando se sancionó la ley de Microtráfico en la provincia, que prevé “la desafectación de los inmuebles que se usan como puntos de venta de estupefacientes”.
En cuanto al domicilio derribado, explicó que “en una audiencia que se llevó adelante el miércoles, a cargo de la fiscal Fabiana Bertero, se pidió destruir este inmueble donde se comercializaban drogas”. Este punto de venta fue allanado cuatro veces y ha generado no solo delitos de comercialización de estupefacientes, sino también varios homicidios. “Además, no tenía condiciones de habitabilidad y las veces que estuvimos presentes haciendo el reconocimiento previo, vimos que había sido usado como lugar para venta”, concluyó Montenotte.
Narcomenudeo
La inactivación de estos puntos de venta forma parte de las medidas contempladas en la Ley de Microtráfico, aprobada en los últimos días de 2023 por la Legislatura provincial. Esta normativa establece que los fiscales del MPA deben investigar los delitos vinculados al “narcomenudeo”, que antes eran competencia exclusiva de la Justicia Federal.
