El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, se refirió a la construcción de la nueva alcaidía en Rafaela, una obra que se llevará a cabo en un terreno cedido por la municipalidad tras la aprobación del Concejo Municipal. No obstante, aseguró que están abiertos al diálogo para evaluar otras posibles ubicaciones.
El «traslado» del actual edificio que funciona en Avenida Mitre, se haría a un predio municipal ubicado en Avenida Italia y el Camino 5, donde actualmente funciona el REMA. Allí se construirán cuatro pabellones separados por patios, con capacidad para albergar a 240 internos distribuidos en 40 celdas.
«Quiero ser muy claro con todos los rafaelinos y con todo el departamento Castellanos. Actualmente hay una alcaidía en el centro de la ciudad que alberga más detenidos de los que debería, funcionando de una manera que no responde a la planificación de seguridad pública«, afirmó el mandatario provincial durante una rueda de prensa en la que también explicó que las condiciones en las que se encuentran los detenidos no son las adecuadas y que esto se debe a la falta de construcción de infraestructura carcelaria en la provincia durante las últimas décadas.
Pullaro destacó que la nueva alcaidía no será una cárcel, sino un espacio para alojar a personas demoradas por cortos períodos de tiempo. «En los últimos 40 años, en Santa Fe se construyeron 4.200 plazas carcelarias. Nosotros, en cuatro años, ya tenemos en marcha un programa para construir 6.500 celdas, con una inversión superior a 400 millones de dólares», sostuvo.
Sobre los plazos de la obra, indicó que se está trabajando para generar consensos y avanzando con licitaciones. «No es que los presos van a quedar en Rafaela por siempre. Para 2027, con las celdas construidas, no habrá necesidad de que los detenidos permanezcan en comisarías o en la alcaidía», aseguró.
Consultado sobre la posibilidad de modificar la ubicación de la obra, el gobernador indicó que continuarán dialogando. «No creo que nadie prefiera tener a los detenidos en el centro de la ciudad, cerca de comercios, escuelas y edificios públicos. Además, esto implica la utilización de recursos policiales que podrían estar en la calle, en lugar de custodiar a los presos«, concluyó.
