Según el último informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), el Estado nacional perdió 50.553 puestos de trabajo entre noviembre de 2023 y abril de 2025. El documento, presentado en junio, detalla que esta reducción implica una caída del 14,7% en la dotación total del sector público nacional y refleja una política sistemática de ajuste impulsada por el gobierno de Javier Milei.
En diálogo con Radio Mitre Santa Fe, Nicolás Taiariol, investigador del CEPA y autor del informe, señaló que “este no es un ajuste menor ni focalizado, sino un recorte transversal que debilita la capacidad operativa del Estado en áreas estratégicas como salud, educación, transporte, ciencia y seguridad social”.
Los sectores más afectados en términos absolutos son la administración descentralizada, las empresas estatales y la administración central. Empresas como el Correo Argentino, Aerolíneas Argentinas, AySA, el Banco Nación y la ex Télam figuran entre las que más personal perdieron. En particular, el Correo sufrió 4.860 despidos, y la agencia de noticias estatal fue prácticamente desmantelada con una reducción del 80% de su personal.
“Estamos hablando de un repliegue del Estado en funciones fundamentales para el desarrollo y la integración del país. Se están vaciando instituciones que sostienen derechos y servicios esenciales”, sostuvo Taiariol.
El informe también advierte que organismos como el CONICET, ANSES, INTI, ENACOM y SENASA sufrieron recortes importantes. En algunos casos, como el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales o el Instituto Nacional del Cáncer, la reducción superó el 60%.
Para Taiariol, “la política de ajuste no solo deja a miles de trabajadores sin empleo, sino que genera una pérdida de capacidades institucionales difícil de recuperar. Esto compromete seriamente la posibilidad de que el Estado cumpla funciones básicas en el mediano plazo”.
El CEPA concluye que el recorte no solo responde a una lógica de equilibrio fiscal, sino a un cambio profundo en la concepción del rol del Estado. “La magnitud y orientación del ajuste marcan una estrategia deliberada de debilitamiento del sector público”, cierra el informe.
