La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) dejó sin efecto más de 4.000 juicios penales por evasión de impuestos como consecuencia de la aplicación de la llamada Ley de Inocencia Fiscal, que elevó los montos mínimos a partir de los cuales el incumplimiento tributario se considera delito penal.
Según datos oficiales del organismo recaudador, al menos 4.199 causas impulsadas por el propio fisco ya no encuadran dentro de los delitos previstos por el régimen penal tributario tras la actualización de los umbrales. La cifra surge de un relevamiento interno realizado luego de la sanción de la norma, que obligó a revisar expedientes en trámite en los tribunales federales.
La reforma modificó sustancialmente los montos que definen el delito de evasión fiscal. A partir de la nueva legislación, la evasión simple se configura desde los 100 millones de pesos —cuando antes el umbral era de 1,5 millones— mientras que la evasión agravada pasa a partir de los 1.000 millones de pesos, frente a los 15 millones que regían anteriormente.
El cambio generó la aplicación del principio jurídico de la “ley penal más benigna”, que establece que cuando una norma posterior resulta más favorable para el acusado debe aplicarse incluso a hechos cometidos con anterioridad. Bajo ese criterio, numerosos expedientes dejaron de encuadrar como delito y comenzaron a cerrarse o a revisarse en sede judicial.
Especialistas en materia tributaria señalaron que la actualización de los montos busca corregir el atraso generado por años de inflación, que había provocado la apertura de causas penales por sumas relativamente bajas. Con la reforma, el sistema penal tributario apunta a concentrarse en maniobras de mayor magnitud económica.
La estimación oficial solo contempla las denuncias impulsadas por ARCA y no incluye las causas iniciadas por terceros, por lo que el número total de expedientes afectados podría ser mayor. En los tribunales federales, mientras tanto, continúa el análisis caso por caso para determinar si corresponde aplicar el nuevo esquema legal y cerrar definitivamente los procesos.
