El reciente anuncio de PAMI sobre cambios en el acceso a la bonificación del 100% en medicamentos ambulatorios para sus afiliados generó una ola de preocupación, especialmente entre los jubilados de menores recursos. La medida, que establece nuevos requisitos socioeconómicos y exige un trámite adicional para justificar la gratuidad, fue presentada como parte de una “readecuación” para optimizar recursos y combatir abusos en el sistema. Sin embargo, las críticas no tardaron en llegar.
En este contexto, el Defensor del Pueblo de la Provincia de Santa Fe, Jorge Henn, expresó su desacuerdo con la implementación de las nuevas disposiciones y pidió su suspensión inmediata. En un comunicado dirigido a PAMI local y nacional, el funcionario manifestó su “profunda preocupación” por los efectos negativos que estas reglas están teniendo sobre los afiliados, muchos de los cuales enfrentan dificultades para adaptarse al nuevo sistema. Henn calificó la medida como un retroceso en el acceso a derechos esenciales y apeló a la responsabilidad del Estado para evitar la burocracia innecesaria.
«Un sistema automatizado es posible y necesario»
En su comunicado, Henn destacó que el Estado ya cuenta con las herramientas necesarias para evaluar la situación socioeconómica de los beneficiarios, a través de organismos como la ANSES. “No es necesario que los jubilados asuman la carga de realizar trámites engorrosos para demostrar algo que el mismo Estado puede verificar automáticamente”, señaló. El Defensor propuso que se implemente un sistema de cruces de datos entre organismos oficiales, lo que no solo simplificaría el proceso, sino que también garantizaría mayor precisión y transparencia en la asignación del beneficio.
“La implementación de estas disposiciones no debería atentar contra la salud y calidad de vida de nuestros adultos mayores. Este sector, particularmente vulnerable, depende de la continuidad de sus tratamientos médicos para mantener un bienestar mínimo. La exigencia de reinscripciones manuales es una barrera que no se justifica ni desde el punto de vista operativo ni desde una perspectiva de derechos humanos”, enfatizó Henn.
Críticas a las restricciones: vulneración de derechos fundamentales
El funcionario también argumentó que las nuevas reglas vulneran el derecho humano al acceso a la salud, protegido tanto por la Constitución Nacional como por tratados internacionales, incluido el Protocolo de San Salvador y la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores. Según Henn, cualquier medida que limite este acceso debe ser evaluada cuidadosamente, ya que “no puede supeditarse a mecanismos administrativos que dificulten su ejercicio”.
Además, el comunicado del Defensor del Pueblo subraya que la automatización de los procesos tendría un impacto fiscal mínimo. “El supuesto ahorro que estas restricciones generarían es insignificante comparado con las consecuencias en la salud de nuestros jubilados, quienes podrían ver agravados sus padecimientos por la falta de acceso oportuno a los medicamentos”, advirtió.
Un llamado a garantizar una política pública justa
Jorge Henn finalizó su mensaje solicitando que se reevalúen las medidas y proponiendo una alternativa que simplifique los procedimientos sin generar barreras adicionales. “Quedo a disposición para colaborar en cualquier instancia que contribuya a revertir esta situación y garantizar una política pública que respete plenamente los derechos humanos, sea inclusiva y contemple las necesidades de los adultos mayores”, afirmó.
COMUNICADO COMPLETO:
Me dirijo a usted en mi carácter de Defensor del Pueblo de la Provincia de Santa Fe, a fin de expresar mi profunda preocupación por las recientes medidas adoptadas por ese organismo, que limitan el acceso a la cobertura del 100% de medicamentos gratuitos para afiliados jubilados y pensionados, y solicito formalmente la suspensión inmediata de dichas disposiciones hasta tanto sea el mismo estado el que implemente un sistema automatizado que permita evaluar la situación socioeconómica de los beneficiarios como los mismos funcionarios lo requieren. a través de cruces de datos con otros organismos oficiales (información que el mismo estado ya tiene) sin poner en el mismo jubilado la carga de dicha gestión
La implementación de estas nuevas reglas ha generado serios inconvenientes para los afiliados, quienes enfrentan dificultades para adaptarse al nuevo sistema en un tiempo tan acotado. Este cambio intempestivo atenta directamente contra la salud y calidad de vida de nuestros adultos mayores, un sector particularmente vulnerable que depende de la continuidad en el acceso a sus tratamientos médicos.
El Estado cuenta ya con la información socioeconómica necesaria para determinar la elegibilidad de los beneficiarios, a través de organismos como la ANSES, lo que hace innecesarias y redundantes las reinscripciones manuales exigidas por las nuevas normativas. Estas disposiciones no solo añaden barreras burocráticas innecesarias, sino que además resultan ineficientes y generan ansiedad e incertidumbre en una población que, por sus condiciones de salud y edad, necesita soluciones expeditas.
Asimismo, las restricciones implementadas vulneran el derecho humano al acceso a la salud, consagrado en la Constitución Nacional, los tratados internacionales de los que la Argentina es parte, y la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores. Este derecho esencial no puede ser supeditado a mecanismos administrativos que dificultan o limitan su ejercicio.
Entendemos que la suspensión de la medida hasta tanto sea el mismo estado el que automatice los procesos mediante cruces de datos tendría un impacto fiscal mínimo. La magnitud del problema que estas medidas generan en la salud de los jubilados es desproporcionada en comparación con el supuesto ahorro que estas restricciones pudieran implicar.
Por lo tanto, solicito se reconsidere la implementación de las medidas anunciadas y se proceda a su suspensión hasta que se garantice un sistema que respete plenamente los derechos de los adultos mayores y simplifique los procedimientos a través de la integración tecnológica de la información disponible. Caso contrario
Quedo a disposición para colaborar en cualquier instancia que contribuya a revertir esta situación y garantizar una política pública justa, inclusiva y respetuosa de los derechos humanos.
