El juez federal Alejo Ramos Padilla tomó una decisión clave respecto al decreto del presidente Javier Milei que designa en comisión a Ariel Lijo y Manuel García Mansilla como jueces de la Corte Suprema de Justicia. En una resolución breve, el magistrado determinó postergar cualquier definición judicial hasta que el Senado de la Nación trate el tema en una sesión ya convocada para el próximo 3 de abril.
El rol del Senado en la decisión final
Ramos Padilla se basó en el artículo 99, inciso 4 de la Constitución Nacional, que establece que la cámara alta es la “última instancia” para evaluar la idoneidad de los candidatos a integrar la Corte Suprema. En su fallo, señaló que cualquier resolución apresurada podría interferir en el proceso legislativo, por lo que consideró prudente aguardar la definición del Congreso.
«Siendo inminente la sesión pública especial, deben evitarse decisiones judiciales que puedan desnaturalizar el debate parlamentario», afirmó el juez en su escrito.
La controversia por el decreto presidencial
El decreto 137/2025 firmado por Milei generó fuertes repercusiones. Este mecanismo permitió la designación de Lijo y García Mansilla tras el vencimiento del período de sesiones extraordinarias sin que el Senado tratara sus pliegos. La medida fue cuestionada por diversas organizaciones de la sociedad civil, como la Fundación Poder Ciudadano, ACIJ, INECIP y CELS, que presentaron recursos legales solicitando su anulación.
Uno de los principales argumentos es que el nombramiento de magistrados de la Corte Suprema debe garantizar transparencia y respeto por la división de poderes. «Eludir la mayoría de dos tercios requerida en el Senado pone en riesgo la independencia judicial», sostuvieron en sus presentaciones.
Un proceso judicial en desarrollo
Hasta el momento, García Mansilla ya prestó juramento y comenzó a participar en fallos del máximo tribunal, mientras que la Corte Suprema demoró la asunción de Lijo hasta que renuncie a su cargo en el juzgado federal que ocupa actualmente. Desde el Gobierno argumentan que, aun si el Senado no aprueba los pliegos, los magistrados pueden mantenerse en funciones hasta el 30 de noviembre, fecha de finalización del actual período ordinario.
Ahora, la discusión de fondo sobre la constitucionalidad del decreto 137/2025 queda en manos de Ramos Padilla, quien deberá definir si la medida presidencial se ajusta a derecho o si corresponde su anulación. El desenlace podría marcar un precedente en la forma en que se designan los jueces del máximo tribunal en la Argentina.
