La Corte Suprema de Justicia de la Nación cesó en sus funciones a la jueza de la Cámara Federal de Casación Penal Ana María Figueroa, quien en agosto pasado cumplió 75 años y aún no había conseguido acuerdo del Senado para permanecer en su cargo por cinco años más, tal como lo exige la Constitución Nacional.
La decisión fue adoptada por unanimidad y notificada al Consejo de la Magistratura de la Nación «a fin de que adopte las medidas que estime necesarias» y a la Cámara Federal de Casación Penal, según surge de la resolución a la que accedió Télam.
La resolución
«La Dra. Figueroa ha perdido la investidura judicial el 9 de agosto pasado, día en que cumplió setenta y cinco (75) años de edad sin haber obtenido un nuevo nombramiento con el correspondiente acuerdo del Senado», sostuvieron los jueces del máximo tribunal.
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En la resolución de cinco páginas, la Corte recordó que tras la reforma de 1994 el artículo 99 -inciso cuarto, tercer párrafo- de la Constitución Nacional prevé que «un nuevo nombramiento precedido de igual acuerdo (del Senado) será necesario para mantener en el cargo» a cualquier juez «una vez que cumpla la edad de 75 años».
La norma agrega que «todos los nombramientos de magistrados» cuya edad sea 75 años o mayor «se harán por cinco años, y podrán ser repetidos indefinidamente, por el mismo trámite».
La resolución fue firmada en forma digital por el presidente de la Corte, Horacio Rosatti; el vice, Carlos Rosenkrantz, y los ministros Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti.
Los jueces de Casación se enteraron de la decisión del máximo tribunal durante el cuarto intermedio de la reunión plenaria que estaban desarrollando justamente para definir la situación de la hasta ese entonces presidenta del tribunal.
Figueroa cumplió los 75 años el 9 de agosto pasado y desde entonces se encontraba a la espera de que el Senado diera tratamiento a su pliego que ya había tenido dictamen positivo de la Comisión de Acuerdos de esa Cámara.
Para evitar realizar actos que pudieran ser nulificados en el futuro, desde entonces la magistrada había decidido delegar la firma de la presidencia del tribunal en el vicepresidente primero, Mariano Borinsky, y había dejado firmados todos los votos que le quedaban pendientes en causas en las que estaba llamada a intervenir.
