La justicia británica emitió este miércoles la orden formal que autoriza la extradición del fundador de WikiLeaks, Julian Assange, a Estados Unidos para ser juzgado por espionaje por la publicación de cientos de miles de documentos secretos a partir de 2010. Si es declarado culpable, Assange podría ser condenado a un máximo de 175 años de cárcel.
La orden judicial para la extradición será enviada a la ministra del Interior británica, Priti Patel, que tiene la última palabra en cualquier extradición, y a la que la defensa de Assange puede presentar una apelación hasta el 18 de mayo.
WikiLeaks
La justicia de Estados Unidos quiere juzgar al australiano de 50 años por la difusión en el sitio WikiLeaks a partir de 2010 de más de 700.000 documentos clasificados sobre actividades diplomáticas y militares estadounidenses, que en particular revelaron violaciones a los derechos humanos cometidas en las guerras de Irak y Afganistán.
Entre esos documentos figuraba un video que mostraba civiles, entre ellos dos periodistas de la agencia Reuters, muertos por disparos de un helicóptero de combate estadounidense en Irak en julio de 2007.
Un ataque contra la libertad de prensa
Las organizaciones de defensa de los derechos humanos denuncian que la persecución judicial a Assange es un ataque en contra de la libertad de prensa.
Por su parte, el gobierno estadounidense señala que el australiano -que lo acusó de 18 cargos que incluyen espionaje- no es periodista, sino un “pirata informático” y que puso en peligro la vida de numerosos informantes al publicar documentos completos sin editar.
Pero WikiLeaks argumenta que tiene los mismos derechos que otros medios a publicar material secreto, si es de interés público.
La causa contra Assange
Assange está preso en el Reino Unido desde abril de 2019. En diciembre pasado, un tribunal de segunda instancia revirtió un fallo de una corte inferior y autorizó su extradición a Estados Unidos.
El 14 de marzo la Corte Suprema británica desestimó un recurso de Assange para apelar contra su extradición porque «no constituía una cuestión legal discutible».
En la audiencia de apelación a finales de octubre, el gobierno de Estados Unidos trató de dar garantías sobre el tratamiento que le sería reservado. Afirmó que no sería encarcelado en la prisión de alta seguridad ADX de Florence (Colorado), donde están detenidos en aislamiento casi total miembros de Al Qaida.
También dijeron que recibiría las atenciones clínicas y psicológicas necesarias. Los estadounidenses también mencionaron la posibilidad de que él pueda pedir purgar la pena en Australia.
Estas garantías convencieron a los jueces británicos, pero no a los allegados de Julian Assange, que temen por su salud mental y física.
