El juez de Investigación Penal Preparatoria Javier Bottero dispuso la prisión preventiva de Cirilo Eduardo B., el hombre de 56 años que está imputado de haber asesinado a su esposa, Mariel Zimmermann, en un hecho ocurrido en la primera hora del 26 de octubre, en un domicilio de calle Güemes, en Humberto Primo. La medida cautelar fue dispuesta a pedido del fiscal Dr. Martín Castellano, en una audiencia que se concretó en la mañana de este sábado, con la participación de la fiscal de género, Dra. Angela Capitanio –quien asistió a Castellano- y la defensora oficial del imputado, Dra. Georgina Alassia.
Estando fuera de dudas razonables para lo que exige la ley a esta altura de la investigación lo relacionado con la materialidad del hecho, el Dr. Bottero afrontó otro dilema: el de resolver sobre si dictaba la preventiva o alguna medida alternativa. Dada la gravedad del delito imputado –el femicidio se condena, en caso de probarse, con prisión perpetua- y las pocas dudas sobre los “elementos de convicción” que sustentaron la imputación, entraron en la consideración del magistrados otros temas: la salud del imputado y las condiciones de detención.
Cirilo Eduardo B. es una persona obesa, con una discapacidad que le impide trabajar desde 2014, aunque antes de eso dedicó su vida a tareas de campo y trabajó muchos años en un tambo. Junto a Mariel Zimmermann tuvieron 5 hijos, uno de las cuales, la menor, de sólo 12 años, tiene Síndrome de Down y fue la única testigo de la discusión que terminó en crimen. Uno de los hijos, R., de 29 años, vive en Rafaela, en una casa de calle Domingo Silva. Se ofreció como tutor para custodiar el eventual arresto domiciliario que pudiera disponer el juez, dadas las precarias condiciones de salud de su padre: hipertenso, obeso, con artrosis en las rodillas, elevados niveles de colesterol y con un corazón débil por dilatación.
El propio imputado describió sus pesares de salud ante el juez. “Quiero que sepa quien soy”, le dijo Cirilo B. al Dr. Bottero. Sólo se refirió a sus problemas de salud , pero no hizo referencia alguna a lo sucedido. Anque aceptó preguntas de la Fiscalía, ni Castellano ni Capitanio le formularon consultas.
R. fue invitado por el juez a dar su opinión –“no vinculante”, es decir, esa opinión no genera obligaciones para el magistrado- sobre el tema de la prisión domiciliaria. R. habló. Y fue un alegato ejemplar. El muchacho es hijo de la víctima, pero también hijo del imputado. Sufre el dolor de la pérdida de la vida de su madre y sufre por el padre preso. “Tuve la mejor madre y el mejor padre que pudiera tener”, afirmó. “Nos criaron inculcándonos el respeto, la educación, los mejores valores que pueden esperar unos hijos de sus padres. Nunca nos dejaron faltar nada, ni alimento ni educación”, enfatizó.
En ese punto, R. admitió que su padre “tiene que estar preso, porque mató a mi madre”. Pero en ese contexto, aclaró que su cuestionamiento es a las condiciones de detención que le esperan al hombre. “Necesita medicamentos, cuidados, yo me hago ciento por ciento responsable de que él cumpla la prisión domiciliaria, que esté a dieta, que no entre en contacto con M. (la hermanita menor de R. que debe declarar en cámara Gesell por ser testigo del caso), que tome su medicación y que cumpla punto por punto con lo que ordenen las leyes”, insistió.
Pese a la claridad con la que se expresó, y sobre todo el respeto que evidenció, el juez Bottero no hizo lugar al pedido de prisión domiciliaria y lo fundamentó debidamente. “Primero, no tengo ningún certificado médico que avale estas condiciones de salud que me plantea el imputado. No dejo de creer en él, sino que necesito una certificación médica. Segundo, en un establecimiento penitenciario se lo puede atender en sus problemas de salud y en última instancia se puede ordenar su internación. Recién cuando no fuera posible eso se dispone la prisión domiciliaria”, argumentó. Por eso firmó la prisión preventiva sin plazos para el imputado.
Una “relación tóxica”
En cuanto a los detalles del hecho que terminó con la vida de Mariel Zimmermann, el fiscal Martín Castellano, reveló que Cirilo B. protagonizaba –según los testimonios recogidos- una “relación tóxica” con su esposa, en la que eran frecuentes las agresiones mutuas y las discusiones. Esa violencia latente solía tener episodios mayores, que incluían el uso de objetos cortopunzantes para amenazarse, aunque nunca hubo denuncias policiales ni lesiones que provocaran que las consecuencias de la tensión doméstica trascendieran las paredes del hogar. En la noche del 25 al 26 de octubre hubo otra discusión. De las primeras revelaciones surgidas en la investigación –algunas palabras que M. le habría dicho a otro niño de la familia, en presencia de mayores; lesiones cortantes en las manos del femicida- sugerirían que esa discusión pudo haber incluido agresiones mutuas. En lo que no hay dudas es en que Cirilo B. le puso fin al tema atacando a su esposa con un cuchillo y cortándole las yugulares externas e internas del lado derecho del cuello.
Para Castellano, Cirilo B. era plenamente consciente de sus actos, porque se cambió de ropa, se limpió las manos de sangre, cargó a M. en una moto y la llevó hasta la casa de su hermana (tía de M.), dejó la moto en la casa de esta última y desde allí fue hacia la Comisaría de Humberto. Estaba tan nervioso que no pudo articular frases coherentes ante los policías: sólo con gestos les indicó que algo grave había pasado en su casa. Pero hizo un gesto: para hacer entender que se estaba entregando extendió sus muñecas hacia adelante para que lo esposaran.
Ahora, la justicia deberá profundizar la investigación para conocer si a Cirilo B. lo espera la perspectiva de la peor condena, la única prevista para un femicidio, o si existen atenuantes que pueden hacer considerar al hecho con una calificación jurídica diferente.
