La investigación que abarca al denominado Grupo Spaggiari, por la supuesta comisión de estafas piramidales, se está convirtiendo en una caja de Pandora de consecuencias imprevisibles. Como se sabe, de los ocho encausados en la investigación, tres personas -los hermanos Matías y Fernando Spaggiari, y la madre de ambos, Mirta Condotto- están con régimen de prisión preventiva, en tanto que los otros cinco, en su mayoría empleados de la empresa, fueron dejados en libertad con medidas alternativas mientras continúa el proceso judicial. Los hermanos Spaggiari están alojados en la Alcaidía de la Regional V, mientras que Condotto fue beneficiada con prisión domiciliaria, en razón que se trata de una persona septuagenaria.
Tras los operativos y allanamientos que concluyeron con la detención de los 8 imputados en la causa -acusados de integrar una asociación ilícita con distintos roles-, se desarrollaron las imputaciones y luego la audiencia de medida cautelar, que se concretó el sábado 28 de octubre, en una jornada que superó las 14 horas de debates. En el momento de la imputación de los hechos, había 75 víctimas que registraron sus denuncias, por un total de 152 convenios que se formalizaron con los Spaggiari y fueron incumplidos. Pero tres días después, cuando se hizo la audiencia cautelar, los casos de denunciantes ya habían trepado a 85, con 173 hechos incluidos en la investigación, por un monto total superior al 1,7 millón de dólares. Pero había otra veintena de denunciantes que no fueron incluidos porque no hubo tiempo de procesar la información para agregarla al momento de la presentación ante el juez Gustavo Bumaguin, que interviene en el proceso.
Este miércoles, una fuente del MPA confirmó que las denuncias crecen exponencialmente día a día. «Desde que se hicieron los procedimientos tenemos decenas de personas que se acercan a la Fiscalía. Ya tenemos más de 200 personas físicas que han formalizado presentaciones. Y hay otras 60 a las que le estamos tomando datos para comenzar a relevar la información, pero como entran permanentemente casos ya podemos decir que hay cerca de 300 personas que se han presentado como damnificados».
Respecto al número de denunciantes, es importante precisar que las personas que se presentan entregaron dinero en varias oportunidades al grupo. Cada «contrato de mutuo dinerario» firmado por los Spaggiari es considerado por la fiscalía como un hecho delictivo, como una estafa. Considerando la proporción que se manejó entre personas denunciantes y hechos investigados, se puede hablar de cerca de un millar de contratos dinerarios, que implicaron entregas de dinero, la gran mayoría en dólares billete, al grupo Spaggiari, que captaba esos dineros prometiendo tasas de interés de entre el 2 y el 3% mensual en dólares, o del 5% mensual en pesos (en los años del 2020 al 2022, cuando las tasas eran muy inferiores a las actuales en el mercado financiero).
Mientras la Fiscalía considera que el mecanismo es una estafa piramidal similar al denominado sistema Ponzi, para los abogados defensores simplemente se trata de un incumplimiento de contratos: esto quiere decir que se trata de una empresa que siempre tuvo voluntad de cumplir pero que entró en cesación de pagos. Hasta ahora, el juez Bumaguin le dio la razón al fiscal Guillermo Loyola, aunque hay también un costado civil en la causa: muchísimos damnificados recurrieron al fuero civil y comercial y se sabe de por lo menos un inversor que pidió la quieba del grupo. En la argumentación de la acusación es clave un dato: en los allanamientos no se encontraron documentos respaldatorios de las operaciones negociadas con los damnificados.
